Martes, 12 Mayo 2015

La publicidad y los periodistas en el sistema penal de México

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La publicidad es decisiva en la caracterización de un sistema de justicia y permite evidenciar el rol que se otorga a la sociedad como vigilante de la actuación de los operadores judiciales.

Los sistemas de justicia occidentales pueden ser diferenciados, a grandes rasgos, entre los de carácter inquisitivo, con procedimientos escritos, opacos y sin ningún tipo de control social, y aquellos inspirados en los valores republicanos, con procedimientos orales, transparentes y donde puede participar la sociedad.

En México, el principio de publicidad de las audiencias orales está regulado en el Artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), mientras que en el 64 se enumera una serie de excepciones, cuando se afectan la integridad de alguna persona, la seguridad nacional, el interés del niño/a, peligra un secreto oficial… Estas restricciones atienden a razones comprensibles y es común encontrarlas en otros países.

Pero, sin lugar a dudas, la principal característica del CNPP es su Artículo 55, cuyo tercer párrafo asienta que «Los periodistas o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia».

En el naciente sistema está dándose una intensa lucha ideológica entre mentalidades del sistema inquisitivo y el republicano

A continuación planteo algunas reflexiones acerca del impacto que podría tener esta regulación en el funcionamiento práctico del sistema de justicia penal:

  1. La fuerte prohibición de la grabación o registro de las audiencias puede provocar un retorno a aquellas prácticas de los periodistas en el viejo sistema para acceder a la información de las causas. Ellos podrían buscar filtraciones a través de los empleados judiciales o que las partes tengan más incentivos para difundir deslealmente información privada. La ventaja de configurar un estándar de transparencia más elevado es que se debilita este tipo de comportamientos.
  2. A efectos prácticos, la limitación de que los periodistas utilicen instrumentos de apoyo para registrar las audiencias puede provocar un fuerte debilitamiento sobre su posibilidad de extraer información. Como muchos sabrán, es habitual que en diversas entidades federativas de México el nivel de litigación de los operadores sea bastante bajo todavía. Es común encontrar audiencias donde los fiscales leen de corrido las carpetas de investigación; jueces, fiscales y defensores enumeran artículos del código sin ninguna explicación del contenido de los mismos, y se dan casos de jueces con grave déficit en la clarificación y argumentación de sus decisiones judiciales. De esta forma, un periodista sin medios de registro a su disposición tendrá muchas dificultades para extraer información de calidad.
  3. Muchos estados en México han iniciado sus procesos de reforma a la justicia criminal dictando códigos procesales penales con diferencias respecto del CNPP. En algunos de esos estados se permite que los periodistas accedan a las salas de audiencias con mayor libertad para realizar su trabajo. Como comprenderán, es sumamente complejo limitar un derecho a alguien que ya lo ha tenido y ejercitado, de modo que esta nueva restricción puede erosionar la corresponsabilidad y la relación de confianza de dichos periodistas con el nuevo sistema de justicia penal.

La limitación del CNPP al principio de publicidad —al igual que el arraigo y la «prisión preventiva» oficiosa— muestra que en el naciente sistema está dándose una intensa lucha ideológica entre mentalidades del sistema inquisitivo y el republicano. La institucionalidad deberá decidir hacia qué lado se inclina la balanza en esta lucha de tendencias y, lo más importante, aguardar la respuesta de la sociedad ante el resultado de tal proceso.

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Modificado por última vez en Jueves, 20 Octubre 2016 17:43
Marco Fandiño Castro

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad se desempeña como investigador y coordinador de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

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