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Martes, 14 Abril 2015

Realidades y desafíos de los juzgados de ejecución penal

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Desde 2008 la reforma constitucional en materia de justicia penal estableció los juzgados de ejecución de sanciones penales para garantizar que el debido proceso no se agote con la imposición de la sentencia, sino que se extienda hasta la ejecución de la pena. A pesar de ello, las legislaciones locales y la operatividad de estos juzgados presentan al día de hoy graves deficiencias.

Una de las más graves es que las leyes locales han excluido a los jueces de ejecución de sanciones de revisar las condiciones de vida en reclusión, impidiendo a estos constatar que la sanción impuesta no sea agravada, por ejemplo, por las condiciones al interior y que atentan contra la dignidad humana.

Esto deja tanto la modalidad como la naturaleza de la sanción en manos y arbitrio de la administración penitenciaria, perpetuando su posición de juez y parte respecto de las posibles reclamaciones que personas privadas de libertad pudieran formular respecto de las condiciones carcelarias.

El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura señaló al gobierno mexicano en su informe que debe considerar la posibilidad de que los juzgados de ejecución de la pena desarrollen un procedimiento jurídico respecto de las condiciones de la detención, los traslados, la revisión y la duración de las sanciones administrativas y las penas.

Pero no solo la legislación requiere de una profunda revisión; también la operatividad, el funcionamiento y el desarrollo de la infraestructura presentan grandes rezagos.

La correcta reglamentación de los artículos 18 y 21 en la La Ley Federal de Ejecuciones de Sanciones Penales, en proceso de elaboración, constituye una oportunidad para establecer los parámetros de gobernabilidad de los centros de reinserción penal en un Estado de derecho

En este sentido, a través del litigio que hemos llevado a cabo en los juzgados del Distrito Federal, hemos podido constatar entre otras cosas que sus prácticas no son uniformes y existen lagunas en el cómo deberían funcionar; los defensores de oficio y los ministerios públicos trabajan en el mismo cubículo y a veces tienen acceso directo a la oficina del juez, hecho que cuestiona la imparcialidad; los defensores particulares no tienen acceso a los expedientes de manera inmediata; no hay capacitación jurídica especializada, lo cual produce que en audiencia las partes se limiten a observar estrictamente si las personas sentenciadas cumplen con los requisitos de preliberación; el hecho de que los jueces solo conozcan de beneficios de preliberación los convierte en jueces de sumas y restas; la presentación de una oferta laboral y de aval moral como requisitos para obtener algún beneficio resulta un obstáculo grave; y no existe un procedimiento o mecanismo eficaz para que los estudios técnicos puedan ser impugnados, ya que son realizados fuera de todo procedimiento judicial.

La correcta reglamentación de los artículos 18 y 21 en la Ley Federal de Ejecuciones de Sanciones Penales, en proceso de elaboración, constituye una oportunidad para establecer los parámetros de gobernabilidad de los centros de reinserción penal en un Estado de derecho, que no deje espacios sin control del poder público, en especial del judicial ―máxime cuando las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a abusos de poder, como es el caso de los centros de reinserción penal.

Esta legislación nacional representa la oportunidad única para:

  • Fortalecer a los jueces en todas las facultades conferidas y derivadas del mandato constitucional y, específicamente, en lo relacionado con las condiciones de vida digna y segura al interior de las prisiones.
  • Homogenizar las prácticas de los juzgados de sanciones penales, para regularizar los procedimientos y dar certeza jurídica.
  • Garantizar la imparcialidad de las partes.
  • Ampliar la competencia de los jueces a las personas en «prisión preventiva».
  • Eliminar los estudios de personalidad y el pago de reparación del daño como requisito para obtener beneficios de preliberación.
  • Legitimar a las organizaciones de la sociedad civil, académicos y familiares de las personas en prisión para que formulen peticiones y ejercer acciones jurisdiccionales frente a los jueces de ejecución.
  • Crear salas de apelación especializadas en ejecución de sanciones penales.
  • Crear por ley un mecanismo de vigilancia y contraloría social.

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Modificado por última vez en Viernes, 20 Mayo 2016 12:49

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