Martes, 16 Julio 2013

«Insieme, ma non troppo»: El debate sobre un único Código Único de Procedimientos Penales

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Comenzaré por el final: Quien crea que un Código Único de Procedimientos Penales, únicamente, es la solución a las dificultades del proceso de reforma de los sistemas de justicia penal en México debería moderar sus expectativas. Quien apueste al orden y la receta de la seguridad jurídica para gobernar un proceso extremadamente dinámico de cambios debería moderar sus impulsos lúdicos.

Ofrezco enseguida un aporte a las discusiones en torno a los proyectos y el debate parlamentario sobre un modelo de código procesal penal único en México, mediante comparaciones con el proceso de reformas en Argentina. La comparación vale la pena por tratarse de dos países con sistemas políticos y constitucionales federales debatiéndose sobre el futuro de sus sistemas de Justicia.

La reforma iniciada en Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca, consolidada con la constitucional de 2008, ofrece un escenario complejo: una realidad jurídica por cada entidad estatal, con una realidad política, una institucional, un ministerio público, una o más policías, una judicatura, defensorías públicas, colegios de abogados, escuelas de Derecho, escuelas más pequeñas, códigos viejos, códigos nuevos, implementaciones progresivas, implementaciones exprés, gente que estudia, gente que no, víctimas, más víctimas, víctimas del abuso de poder, más víctimas, víctimas de violaciones de derechos humanos, más víctimas, carteles, chacales y una banderita de taxi libre en cada mano.

En definitiva, un relajo. Y frente a tal desorden es lógico dudar. Un escritor decía algo así como que «cuando los que pensaron en el nivel teórico una reforma han tenido éxito y se vuelven a mirar en qué la convirtió la realidad, quieren volver a lo anterior; no soportan en lo que se convirtió su sistema perfectamente diseñado». Es lo que ha ocurrido en todos nuestros sistemas latinoamericanos reformados.

Ahora bien, nos toca debatir sobre si un código único podrá ser la solución o el comienzo de la solución. Pero antes necesito expresar algo, para evitar errores de lectura: ¡El sistema de justicia federal debe reformarse cuanto antes!

Reformar un sistema de justicia tenía mucho más que ver con desarrollar ciclos de políticas públicas que con cambiar normas

Dicho esto, me referiré a la experiencia de la reforma al código procesal penal federal de Argentina en 1991. Ese año la nación aprobó un código que la Provincia de Córdoba había sancionado en 1939 y abandonado en ese momento. Ese código fue probablemente el principal obstáculo al avance del proceso de reforma. El impulso reformista desarrollado en las provincias chocó contra la conservadora ley federal que sustituía al proyecto de Maier de 1986. En definitiva, sin ser un código único, supuso la vara con la que comenzaron a medirse los estados más anacrónicos, convirtiéndose en su solaz.

El proceso de reforma en Argentina por entonces se presentaba pujante, con discusiones vigorosas en todas las provincias; desordenadas pero vigorosas. Diez años después, los estudios empíricos nos mostraron que los puros cambios normativos habían tenido muy poco impacto en las prácticas concretas y que reformar un sistema de justicia tenía mucho más que ver con desarrollar ciclos de políticas públicas que con cambiar normas.

Tengo la sensación de que a la discusión actual en torno a un modelo de código único le caben ambas críticas: por una parte, está empezando a captar atención, recursos, cabezas y horas de trabajo en desmedro de la discusión por los programas de implementación y monitoreo, la ejecución de los programas de capacitación, la reforma de los sistemas de educación legal y el ejercicio de la profesión jurídica, la reforma integral de las organizaciones de investigación…

Por otra parte, entre los proyectos en discusión se encuentran obras sumamente interesantes, pero también otras escabrosas y el pronóstico de que nazca Frankenstein no es en absoluto desquiciado. O aun cuando nazca perfecto, un código puede terminar espantoso en un abrir y cerrar de ojos.

Por eso, lo más saludable quizá sea que se reforme la ley federal del mejor modo posible, y en la medida en que sea un modelo verdaderamente ejemplar, se constituirá en el estándar para el resto de las jurisdicciones, a través de un liderazgo positivo que ejercerá por vía de la jurisprudencia y la interpretación. Y si no funcionan tan bien las cosas, siempre quedarán un puñado de entidades federativas que funcionarán como una reserva de progresismo y podrán continuar empujando los cambios que hacen falta.

Modificado por última vez en Jueves, 30 Abril 2015 10:49

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