Norma (nombre ficticio), con solo 12 años y experimentado su primera menstruación, quedó embarazada. Su padre la violaba sistemáticamente. En Ecuador, aunque el aborto es legal cuando la vida y la salud de la mujer embarazada corra peligro, el sistema de salud la ignoró; fue obligada a tener un hijo consecuencia de violación.

Recientemente, la Sala Superior del TEPJF [1] resolvió un asunto de notables consecuencias para la democracia y la sociedad. Su decisión implicó la posibilidad de que personas recluidas en prisión, sujetas a proceso penal, puedan votar —o sea, siempre y cuando no hayan sido condenadas de forma definitiva.

En conmemoración del #8M, miles de mujeres salimos a marchar el viernes pasado con un mismo objetivo: Exigir el final del Estado patriarcal en el que estamos inmersas. A dicho Estado no le es ajena la denominada Cuarta Transformación, que sin la participación de las mujeres —es decir, de más de la mitad de la población nacional— y una visión transversal feminista no logrará sus expectativas establecidas: Reducir la violencia y la corrupción, y dinamizar la economía.

«A pesar de toda esta dolorosa evidencia, la sociedad mexicana ha permanecido indiferente a [al] “genocidio carcelario” y a la injusticia de la prisión preventiva, en tanto que las autoridades consideran al encarcelamiento sin sentencia como un mal necesario, cuya dimensión, aunque contraria a los principios constitucionales y del derecho internacional, se pretende justificar con argumentos de política criminal».