En México, la semana pasada ha sido de retrocesos para la justicia: a) El Senado de la República aprobó triplicar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, y b) el senador de Morena Alejandro Armenta anunció que propondría una iniciativa para imponer castración química a violadores de mujeres y niños, niñas y adolescentes.

A casi diez años de emitirse la sentencia del Caso González y Otras, mejor conocido como «Campo Algodonero», México es nuevamente juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un asunto relacionado, entre otros aspectos, con violencia por razones de género.

En México, hay tres frentes trascendentales para la seguridad y la justicia que están debatiéndose y en los que de las decisiones del Congreso de la Unión dependerá si el marco legal respeta o no los derechos humanos y las obligaciones internacionales; a saber:

La reforma del sistema de justicia penal en México introdujo la oralidad como metodología para procesar los casos, fortaleciendo el principio de publicidad. En el IJPP esto nos ha permitido utilizar el método de observación de audiencias —sobre todo iniciales y, más recientemente, intermedias— para supervisar la administración de justicia y evaluar el desempeño de los actores procesales.