La semana pasada el Instituto de Justicia Procesal Penal publicó el primer avance informativo de su Observatorio de Unidades de Medidas Cautelares (UMECAs), mismo que demuestra que el Estado debe apostar prioritariamente por las medidas cautelares en libertad.

En México, la semana pasada ha sido de retrocesos para la justicia: a) El Senado de la República aprobó triplicar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, y b) el senador de Morena Alejandro Armenta anunció que propondría una iniciativa para imponer castración química a violadores de mujeres y niños, niñas y adolescentes.

A casi diez años de emitirse la sentencia del Caso González y Otras, mejor conocido como «Campo Algodonero», México es nuevamente juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un asunto relacionado, entre otros aspectos, con violencia por razones de género.

En México, hay tres frentes trascendentales para la seguridad y la justicia que están debatiéndose y en los que de las decisiones del Congreso de la Unión dependerá si el marco legal respeta o no los derechos humanos y las obligaciones internacionales; a saber: