El domingo estalló la celebración por el resultado que obtuvo México contra Alemania, un momento histórico por haberle ganado al campeón del mundo. Pero hoy tenemos mayores motivos para celebrar: Se cumplen diez años de la reforma constitucional que estableció el sistema acusatorio y dos de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El 8 de marzo pasado fue una jornada histórica en España: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas convocaron a una huelga de mujeres que no solo tuvo un seguimiento masivo, sino que desencadenó una respuesta ciudadana sin precedentes, llenando las calles de banderas moradas y consignas a favor de la igualdad. La sociedad empezaba a quitarse el yugo del patriarcado y miraba al futuro con ojos de progreso y ansias de cambio.

La política en México ha sido históricamente dominada por los hombres: las mujeres pudimos votar solo a partir de 1953; en 1977 tuvimos a la primera gobernadora ―tendrían que pasar varios años para que hubiera otra―, y fue hasta la reforma electoral de 2013-2014 que se logró al menos formalmente la paridad de género.

En gran parte de los países en desarrollo las normas jurídicas tienden a ser ignoradas. Ciertos estudiosos sugieren que una de las principales causas de una ejecución obligatoria débil de la ley (weak enforcement) es la limitada capacidad del Estado para monitorear y sancionar, y que bajo tales consideraciones ese Estado puede ser caracterizado como débil. Este enfoque asume que los políticos intentan hacer cumplir la ley y fracasan, por lo cual modelos clásicos del derecho y la economía como el de Gary Becker (1968) enfatizan en cómo los presupuestos limitan la ejecución obligatoria de la ley.