El 1 de septiembre [2017] se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y cerca de 250,000 personas se manifestaron en la famosa Plaza de Mayo,[2] de Buenos Aires, exigiendo su aparición con vida. Pero no fue el único escenario del reclamo ciudadano.

A lo largo y ancho de país, niñas, niños, jóvenes y adultos reclamaron a las autoridades del Estado Nacional que respondan una única pregunta que da la vuelta al mundo: ¿Dónde está Santiago Maldonado? A más de 40 días de su desaparición aún nadie responde.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene entre otros objetivos: Establecer las edades mínimas para que una persona sea susceptible del sistema (12 años) y pueda serle impuesta como medida cautelar el internamiento preventivo (14 años); precisar los derechos humanos de lxs adolescentes en conflicto con la ley y las víctimas; priorizar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; perseguir su reintegración familiar y social durante y después de cumplir una medida de sanción (principalmente socioeducativa); y establecer la especialización obligatoria de lxs operadorxs (jueces, ministerios públicos, defensores y demás), con base en la Constitución.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma al Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para incluir el feminicidio entre los delitos que ameritan «prisión preventiva» oficiosa. Ahora la iniciativa se encuentra en el Senado, para su análisis y eventual ratificación.

¿Cuántos más Ayotzinapas, Tlatlayas, Palmaritos, socavones, #GobiernoEspías y Odebrechts estamos dispuestxs a dejar pasar? ¿Cuántas víctimas más de la corrupción y la impunidad necesitamos para reaccionar y exigir verdad y justicia? ¿Cuánto tiempo más podemos tolerar una Procuraduría General de la República que no hace su trabajo?