Recientemente, la Sala Superior del TEPJF [1] resolvió un asunto de notables consecuencias para la democracia y la sociedad. Su decisión implicó la posibilidad de que personas recluidas en prisión, sujetas a proceso penal, puedan votar —o sea, siempre y cuando no hayan sido condenadas de forma definitiva.

En conmemoración del #8M, miles de mujeres salimos a marchar el viernes pasado con un mismo objetivo: Exigir el final del Estado patriarcal en el que estamos inmersas. A dicho Estado no le es ajena la denominada Cuarta Transformación, que sin la participación de las mujeres —es decir, de más de la mitad de la población nacional— y una visión transversal feminista no logrará sus expectativas establecidas: Reducir la violencia y la corrupción, y dinamizar la economía.

«A pesar de toda esta dolorosa evidencia, la sociedad mexicana ha permanecido indiferente a [al] “genocidio carcelario” y a la injusticia de la prisión preventiva, en tanto que las autoridades consideran al encarcelamiento sin sentencia como un mal necesario, cuya dimensión, aunque contraria a los principios constitucionales y del derecho internacional, se pretende justificar con argumentos de política criminal».

La semana pasada el Instituto de Justicia Procesal Penal publicó el primer avance informativo de su Observatorio de Unidades de Medidas Cautelares (UMECAs), mismo que demuestra que el Estado debe apostar prioritariamente por las medidas cautelares en libertad.