¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?

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cuantocuestaCostos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, de Guillermo Zepeda Lecuona, OSJI, México, 2010

El anquilosado sistema de justicia penal mexicano ─en fase de reforma desde 2008─ tiene como uno de sus peores rasgos la aplicación irracional, sistemática y extensiva de la «prisión preventiva», lo cual provoca que el Estado mexicano sea incapaz de garantizar el derecho a la presunción de inocencia.

Durante los últimos cinco años, Guillermo Zepeda Lecuona, prestigiado académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ha desarrollado una persistente labor investigativa para identificar los diversos efectos de la prisión previa al juicio y cuantificarlos, enfocándose en sobre quiénes recae el peso de dicho efectos. Todo se halla plasmado en esta obra de enorme utilidad para operadores del sistema judicial, legisladores, académicos, activistas sociales y periodistas.

Con profusión de indicadores y gráficas, el autor ofrece un panorama del  fenómeno que provoca que cualquier ciudadano acusado por la vía penal esté en riesgo de ir a la cárcel antes de que un juez resuelva sobre su inocencia o culpabilidad. Es por ello que en una década la aplicación de la prisión sin condena se ha duplicado hasta mantener un promedio de más de 90,000 personas encerradas sin juicio ─el 42% de la población penitenciaria del país.

Para el erario público, la «prisión preventiva» tiene un costo superior a 9 mil 750 millones de pesos anuales, el cual equivale al 62% del presupuesto federal destinado a seguridad pública. Y esto es sólo el principio, pues Zepeda Lecuona mide también el costo para los imputados, sus familias y  su comunidad.

El autor sostiene que la prisión sin condena usada de manera arbitraria e indiscriminada, «[es] una problemática en términos de la eficiente asignación de recursos», además de que viola la Constitución y el derecho internacional, produce cárceles hacinadas y corruptas, y no contribuye a resolver la inseguridad.

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Los mitos de la prisión preventiva en México. Segunda Edición

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Mitos-prisionpreventivaMx-2De Guillermo Zepeda Lecuona, OSJI, México, 2010

«Ante la presión social, el sistema penal mexicano no está buscando quién lo hizo, sino quién la pague», concluye Guillermo Zepeda Lecuona, Premio Nacional de Derechos y Economía.

Tras precisar los costos sociales que produce en México el que la «prisión preventiva» sea aplicada arbitraria y sistemáticamente, el autor lamenta la indiferencia social frente a este «genocidio carcelario» ─como lo denomina citando a Elías Carranza─, no obstante la abundante y «dolorosa evidencia» respecto del alto peso que representa para los imputados y sus familias, la comunidad y el Estado, a la vez que su nula eficacia para contener la inseguridad y proveer justicia.

Lo más útil para los operadores del sistema de justicia penal, los estudiosos, las organizaciones civiles y los periodistas es que en esta obra son derribados los mitos con los cuales el viejo sistema penal ha justificado el uso arbitrario de la prisión previa al juicio. Se recogen «cuatro de los argumentos más utilizados por las autoridades para mantener a la prisión preventiva como pilar de la política criminal», los cuales opta por denominar «mitos» en virtud de que «la evidencia empírica y el análisis que ha realizado el Proyecto Presunción de Inocencia en México… demuestran que estos argumentos no tienen fundamento».

Tales mitos esgrimidos por los gobiernos en México son que la prisión preventiva i) reduce la incidencia delictiva; ii) disminuye la inseguridad ciudadana; iii) se usa contra sujetos «peligrosos», y iv) garantiza la reparación del daño.

Resulta, advierte el autor, que «las autoridades hacen de la pena anticipada de prisión preventiva un bálsamo para que los denunciantes y la sociedad en general sientan que se está haciendo justicia. Esta modalidad de la prisión preventiva como espectáculo social busca esconder tras una cortina de humo el problema real: la incapacidad de repuesta de las instituciones, la abrumadora realidad de que 98.8% de los delitos que se cometen en México no son castigados. A falta de justicia se ofrece castigo».

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Programas de medidas cautelares

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Experiencias para equilibrar presunción de inocencia y seguridad ciudadana, de Martin Schönteich y Denise Tomasini-Joshi, OSJI, México, 2010

En México, como en cualquier país con sistema de justicia penal inquisitorio, la decisión del juez al resolver sobre la prisión o liberación de un imputado previa al juicio es discrecional, poco transparente y no se basa en información consistente sobre el perfil del imputado ─en el sentido de si existe el riesgo de que huya, amenace a su víctima o vuelva a delinquir, que son los parámetros legales para la toma de dicha decisión.

En esta investigación coordinada por Martin Schönteich y Denise Tomasini-Joshi se revisan diversos servicios de países con sistemas de justicia penal acusatorios, referentes a la supervisión y evaluación sobre los casos donde el juez debe resolver la prisión o libertad provisional.

Los servicios de evaluación y supervisión de la libertad provisional tienen la función de recabar, verificar, sistematizar y analizar la información sobre los imputados recién detenidos, que luego es puesta en manos del juez, con una gama de opciones de supervisión en caso de que éste resuelva liberar al procesado.

Mediante tan útil herramienta, el juzgador puede tomar su decisión con certeza, evitando dictar la «prisión preventiva» de manera arbitraria e injusta, y determinando la liberación provisional en forma segura para la víctima y la comunidad. Es eneste sentido que dichos servicios «tienen el potencial de equilibrar el derecho de una persona a la libertad con el interés colectivo respecto de la seguridad pública. Aplicados adecuadamente, desmotivan la indebida dependencia de la prisión preventiva, asegurando un uso menos frecuente de esa figura. En México pueden tener un papel decisivo para revertir la creciente tendencia —que lleva décadas— en el número de detenidos antes del juicio».

Fundamentales en este libro revelador son los capítulos donde Diego Zalamea León revisa un caso de evaluación en Ecuador; Jenny Quiroz Camacho y Rodolfo Solórzano Sánchez hacen lo propio en Costa Rica, y Javier Carrasco refiere el innovador programa de supervisión de la libertad bajo caución de Institución Renace, en el estado de Nuevo León.

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El uso de la prisión preventiva en Nuevo León

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Estudio cuantitativo, de Miguel La Rota y Katherine Fahnestock, OSJI, México, 2010

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Son contundentes los hallazgos sobre la inoperancia del sistema tradicional de justicia de Nuevo León frente al nuevo sistema con el que convive desde 2006, cuando inició el proceso de reforma estatal: quienes cometen delitos de alto impacto social y las personas consideradas peligrosas eluden la acción de la justicia, mientras que sólo aquellas con altos ingresos reciben asistencia legal adecuada; a la vez, el sistema de investigaciones es ineficaz y los expedientes se caracterizan por su ínfima calidad, todo lo cual se traduce en miles de imputados encerrados sin juicio y un entorno generalizado de impunidad.

Producto de la espléndida investigación de Patricia Hernández y Javier Carrasco, diseñada por Kathryn Fahnestock y escrita por Miguel La Rota, el diagnóstico se basa en una rigurosa metodología enfocada en analizar cientos deexpedientes de casos concluidos por el sistema tradicional.

Esta obra de consulta obligada para operadores del sistema de justicia, académicos, activistas y periodistas tiene un apreciable afán propositivo explícito; persigue brindar asistencia y apoyar «el diseño, calibración, implementación y evaluación de las reformas penales que se adopten en el futuro en Nuevo León. También se espera sirva para propender hacia una mayor atención a la existencia y calidad de sistemas de información que permitan la evaluación del sistema de justicia penal y la identificación de sus principales problemas y cuellos de botella, y sugiera instrumentos para enfrentarlos».

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Los mitos de la prisión preventiva en México

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De Guillermo Zepeda Lecuona, OSJI, México, 2004

Dirigido a legisladores, policías, agentes del Ministerio público, jueces, abogados, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, pero de gran utilidad para toda persona interesada en el funcionamiento del sistema judicial y la democracia, este volumen resume apenas un capítulo de la amplia investigación que realiza Guillermo Zepeda Lecuona para elProyecto Presunción de Inocencia en México.

De acuerdo con los editores, se trata de una monografía donde «se someten a un análisis crítico algunos de los argumentos (denominados aquí mitos) más difundidos que se utilizan para justificar la extensa, inhumana e irracional práctica de la prisión preventiva en México».

La obra consigue desvirtuar los mitos de que la utilización extensiva de la prisión previa al juicio reduce la incidencia delictiva y la inseguridad, está dirigida sólo a imputados «peligrosos» y garantiza la reparación del daño. Además, aporta elementos de juicio suficientes «para que la sociedad mexicana tome conciencia de la gravedad de este problema y logre reducir a su menor expresión la utilización de la prisión como medida preventiva».

El libro, disponible en inglés y castellano, fue espléndidamente ilustrado y posee herramientas gráficas que tornan amable su consulta.

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