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Guía de periodismo sobre presunción de inocencia y reforma del sistema de justicia penal, de Marco Lara Klahr, OSJI/Artículo 19/la Embajada Británica en México, México, 2011

  • Novedad editorial
Esta Guía para periodistas, que es parte de la «Serie Prisión Preventiva», ofrece un panorama sobre el debido proceso y otros derechos fundamentales de víctimas e imputados de delito, así como de la profunda reforma que experimenta desde 2008 el sistema de justicia penal mexicano hacia el modelo acusatorio.

Pone el énfasis en los costos sociales y económicos que implican para los detenidos y sus familias, la comunidad y el Estado, normas y prácticas institucionales violatorias de la presunción de inocencia —en especial, el arraigo y la aplicación abusiva de la «prisión preventiva»—, y cómo el trabajo de los periodistas y los medios legitima dichas normas y prácticas —a través de los «juicios mediáticos»— pero al mismo tiempo el potencial que tiene en favor de una reforma que haga de México un país más justo.

Basada en sólidas fuentes sobre legislaciones, modelos procesales y sistemas penitenciarios, debido proceso y presunción de inocencia; los tratados internacionales y las leyes mexicanas, y los estándares deontológicos del periodismo, así como en un amplio conocimiento de la industria noticiosa, persigue convertirse en un instrumento que permita a los periodistas comprender la importancia de que la libre expresión sea armonizada con otros derechos, y dé certeza a su trabajo cotidiano en la cobertura de noticias e historias sobre el delito y la violencia.

Encomendada a Marco Lara Klahr, la Guía fue patrocinada por Open Society Justice Initiative –mediante su Proyecto Presunción de Inocencia en México, parte de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio–, y Artículo 19, y tuvo gran apoyo de Ana Aguilar y Javier Carrasco Solís, de dicho Proyecto; Denise Tomasini-Joshi, Martin Schönteich, Robert Varenik e Ina Zoon, de Open Society Justice Initiative; Darío Ramírez, de Artículo 19, y Roberto Hernández, director de Presunto culpable.

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Linda Pérez Cortés

(0155) 55363387, ext. 201, de 9:00 a 15:00 horas

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Prisión preventiva y tortura

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¿Por qué las personas en detención preventiva corren más riesgo?, OSJI, 2011

La tortura a presos sin condena es una práctica común en las cárceles del mundo; es decir, las víctimas son en especial personas que de acuerdo con el Derecho Internacional son inocentes mientras un juez no determine su culpabilidad, pero a quienes policías y agentes ministeriales suelen obligar a auto inculparse por ese cruel medio de coerción.

Tal violación sistemática al principio de presunción de inocencia es propiciada, entre otros factores, por «sistemas de justicia penal que privilegian la confesión como ‘prueba reina’», «ineficaces defensores públicos» y «funcionarios mal entrenados y pagados que no cuentan con capacitación moderna sobre métodos de investigación criminal».

De esto da cuenta el informe Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Face the Greatest Risk [Prisión preventiva y tortura: ¿Por qué las personas en detención preventiva corren más riesgo?] [junio 2011], de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio, de Open Society Justice Initiative.

Aparte de un contexto general sobre la aplicación arbitraria de la prisión previa al juicio a nivel global, dicho informe incluye recomendaciones específicas para, en el largo plazo, eliminar su aplicación extensiva, y en el corto plazo «disuadir el uso de la tortura para obtener confesiones de presos sin condena».

Entre las recomendaciones se cuentan «no considerar la confesión como prueba fundamental en el proceso penal», «dotar de una defensa legal pública eficaz y pronta a los imputados» e «implementar mecanismos independientes de supervisión y monitoreo en los centros penitenciarios».

Consulte el Informe, disponible en inglés

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Prisión sin condena

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Ocho historias sobre los costos sociales del «encierro preventivo» en México, Marco Lara Klahr (coordinador), Debate, México, 2008

«Reconocer la prisión preventiva como un castigo sin crimen es el primer paso para que su uso en la administración de justicia penal ─que en buena medida es la administración del dolor humano─ se realice, al menos, con racionalidad»,[1][1] propone Miguel Sarre en el Prólogo de esta obra, realizada por cinco periodistas de investigación y una fotoperiodista mexicanos, bajo el auspicio de Open Society Justice Initiative a través del Proyecto Presunción de Inocencia en México.

Institución Renace, ABP, y otras organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a personas injustamente encarceladas, aportaron una cuidadosa selección de casos caracterizados por aberraciones procesales que exhibían los defectos estructurales del sistema de justicia, incluido el uso abusivo de la prisión previa al juicio.

Los cinco reporteros se fueron a la calle a documentar, con base en los expedientes, las informaciones periodísticas y los testimonios de las víctimas de la prisión sin condena y sus familiares, la historia de siete ciudadanos literalmente atropellados por el Estado mexicano, que al mantenerlos en la cárcel de manera infundada les infringió un alto costo emocional, físico, familiar, económico y comunitario, que a dos les produjo la muerte y que a uno lo mantiene aún bajo encierro, no obstante ser inimputable.

Tomando las palabras de Sarre, todos habían sido castigados sin crimen, y eso es lo que se demuestra en las páginas de este volumen producto del más riguroso periodismo investigativo. Ofrece un panorama angustioso y opresivo, por tanto dolor causado, pero también esperanzador en aquellos casos donde se impuso la ley.

Puede solicitar un ejemplar con Ana Aguilar, consultora del Proyecto Presunción de Inocencia en México, o adquirirlo en librerías.


[1] Lara Klahr, Marco (coordinador), Prisión sin condena. Ocho historias sobre los costos sociales del «encierro preventivo» en México, Debate, México, 2008, p. 10

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¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?

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cuantocuestaCostos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, de Guillermo Zepeda Lecuona, OSJI, México, 2010

El anquilosado sistema de justicia penal mexicano ─en fase de reforma desde 2008─ tiene como uno de sus peores rasgos la aplicación irracional, sistemática y extensiva de la «prisión preventiva», lo cual provoca que el Estado mexicano sea incapaz de garantizar el derecho a la presunción de inocencia.

Durante los últimos cinco años, Guillermo Zepeda Lecuona, prestigiado académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ha desarrollado una persistente labor investigativa para identificar los diversos efectos de la prisión previa al juicio y cuantificarlos, enfocándose en sobre quiénes recae el peso de dicho efectos. Todo se halla plasmado en esta obra de enorme utilidad para operadores del sistema judicial, legisladores, académicos, activistas sociales y periodistas.

Con profusión de indicadores y gráficas, el autor ofrece un panorama del  fenómeno que provoca que cualquier ciudadano acusado por la vía penal esté en riesgo de ir a la cárcel antes de que un juez resuelva sobre su inocencia o culpabilidad. Es por ello que en una década la aplicación de la prisión sin condena se ha duplicado hasta mantener un promedio de más de 90,000 personas encerradas sin juicio ─el 42% de la población penitenciaria del país.

Para el erario público, la «prisión preventiva» tiene un costo superior a 9 mil 750 millones de pesos anuales, el cual equivale al 62% del presupuesto federal destinado a seguridad pública. Y esto es sólo el principio, pues Zepeda Lecuona mide también el costo para los imputados, sus familias y  su comunidad.

El autor sostiene que la prisión sin condena usada de manera arbitraria e indiscriminada, «[es] una problemática en términos de la eficiente asignación de recursos», además de que viola la Constitución y el derecho internacional, produce cárceles hacinadas y corruptas, y no contribuye a resolver la inseguridad.

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Los mitos de la prisión preventiva en México. Segunda Edición

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Mitos-prisionpreventivaMx-2De Guillermo Zepeda Lecuona, OSJI, México, 2010

«Ante la presión social, el sistema penal mexicano no está buscando quién lo hizo, sino quién la pague», concluye Guillermo Zepeda Lecuona, Premio Nacional de Derechos y Economía.

Tras precisar los costos sociales que produce en México el que la «prisión preventiva» sea aplicada arbitraria y sistemáticamente, el autor lamenta la indiferencia social frente a este «genocidio carcelario» ─como lo denomina citando a Elías Carranza─, no obstante la abundante y «dolorosa evidencia» respecto del alto peso que representa para los imputados y sus familias, la comunidad y el Estado, a la vez que su nula eficacia para contener la inseguridad y proveer justicia.

Lo más útil para los operadores del sistema de justicia penal, los estudiosos, las organizaciones civiles y los periodistas es que en esta obra son derribados los mitos con los cuales el viejo sistema penal ha justificado el uso arbitrario de la prisión previa al juicio. Se recogen «cuatro de los argumentos más utilizados por las autoridades para mantener a la prisión preventiva como pilar de la política criminal», los cuales opta por denominar «mitos» en virtud de que «la evidencia empírica y el análisis que ha realizado el Proyecto Presunción de Inocencia en México… demuestran que estos argumentos no tienen fundamento».

Tales mitos esgrimidos por los gobiernos en México son que la prisión preventiva i) reduce la incidencia delictiva; ii) disminuye la inseguridad ciudadana; iii) se usa contra sujetos «peligrosos», y iv) garantiza la reparación del daño.

Resulta, advierte el autor, que «las autoridades hacen de la pena anticipada de prisión preventiva un bálsamo para que los denunciantes y la sociedad en general sientan que se está haciendo justicia. Esta modalidad de la prisión preventiva como espectáculo social busca esconder tras una cortina de humo el problema real: la incapacidad de repuesta de las instituciones, la abrumadora realidad de que 98.8% de los delitos que se cometen en México no son castigados. A falta de justicia se ofrece castigo».

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