¡Son los Derechos!

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sonlosDERECHOSManual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio, de Marco Lara Klahr, Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, México, 2012

En esta obra útil, concisa y amena, el periodista Marco Lara Klahr propone a sus colegas policiales y judiciales, como un inicio provocador, once pautas sencillas y prácticas para informar sobre los conflictos, la violencia y el delito con apego a la legalidad y los derechos ciudadanos, exhortándolos además a vigilar la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

Publicado por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, este manual «nace del convencimiento de que el sistema de justicia penal acusatorio, adecuadamente implementado, contribuirá a que en México haya pleno derecho a la justicia», señala el también autor de No más «pagadores» [IJPP/Artículo19/Embajada Británica en México, 2011].

Mediante ilustrativos contenidos reales, en la primera sección explica cómo ocurre la creación de «culpables» y la criminalización de víctimas perpetradas por instituciones y medios noticiosos a través de los «tribunales paralelos», entre otras aberraciones propias del obsoleto modelo procesal penal inquisitorio.

En la parte medular, expone los principios procesales, las novedades y ventajas en cuanto a acceso a la información que ofrece el sistema acusatorio en curso de implementación en México desde junio de 2008.

Al final, desarrolla las once pautas que permiten a los periodistas comprobar si sus notas y reportajes se ajustan a las nuevas normas para informar, concebidas para garantizar el respeto a los derechos de los imputados de delito y sus familias. Incluye, asimismo, un glosario de gran utilidad para los periodistas en su trabajo cotidiano de informar al público sobre el  sistema penal acusatorio.

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Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México

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justicia-adolescentesInforme sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México. Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, Carlos Gregorio de Gràcia y Gregorio González Nava [coordinadores], IJPP/Fondo Canadá para Iniciativas Locales, México, junio 2013

Investigación inédita sobre el desarrollo histórico y legal de la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México, enfocada en los avances normativos a partir de las reformas aprobadas en los últimos tres lustros y los obstáculos estructurales para su implementación —particularmente en el Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Morelos y Oaxaca.

Basada en reveladores testimonios e indicadores, documenta la brecha entre las nuevas normas y las prácticas judiciales de corte «tutelar», ancladas a políticas públicas excluyentes.

Una de las conclusiones de los coordinadores del Informe es que mientras persista entre los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes la cultura «tutelar», continuarán las anacrónicas prácticas violatorias del debido proceso y el Estado mexicano seguirá en deuda con esos jóvenes, sus familias y miles de víctimas de delitos atribuidos a este grupo demográfico.

Y si bien destacan avances en cuanto a la normatividad, advierten que uno de los grandes aspectos sin resolver es la profesionalización de los actores del propio sistema penal para la aplicación de dichas normas, así como un adecuado sistema de evaluación de desempeño.

Aparte, señalan que en general las instituciones judiciales conciben la reintegración social y familiar como un tratamiento aislado y solo excepcionalmente [en el DF y en Yucatán] se aplican medidas administradas por la sociedad civil, a través de organizaciones como Reintegra. De ahí que una recomendación central del Informe sea que iniciativas de ese tipo sean impulsadas, financiadas y replicadas.

Explican que algunos estados mantienen en sus normas términos incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño, como «menores» o «infractores», cuando constitucionalmente se trata de «adolescentes en conflicto con la ley».

Finalmente, advierten que crear programas basados únicamente en la «conducta antisocial» provoca que se estigmatice y excluya a los jóvenes, aparte de que es contrario a lo establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, e imposibilita la reintegración social y familiar.

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Servicios Previos al Juicio

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Servicios Previos al Juicio. Manual de implementación, edición actualizada, de Ana Aguilar García y Javier Carrasco Solís, IJPP/USAID, marzo 2014

Entre los desafíos para implementar con éxito la reforma del sistema de justicia penal en México, lo mismo que en otros países de América Latina, destaca la creación de modelos integrales para la imposición de las medidas cautelares, denominados también servicios previos al juicio [SPJ].

SPJ portada

Se trata de programas de tipo administrativo que determinan el riesgo procesal que representa cada persona imputada de delito y supervisan a aquella que enfrenta su proceso penal bajo medidas cautelares en libertad. Con base en los estándares constitucionales del debido proceso penal, se enfocan en proteger la presunción de inocencia y al mismo tiempo contrarrestar el riesgo de evasión.

Este Manual, actualizado a partir de la versión original de 2011 y resultado de la Metodología IJPP de Servicios Previos al Juicio, ofrece la más completa y mejorada fundamentación de los SPJ, así como el método innovador que permitirá a los sistemas de justicia crear sus propios mecanismos de supervisión y evaluación apegados a los estándares internacionales de derechos humanos.

Y no es solo teoría. Ana Aguilar García y Javier Carrasco Solís, director ejecutivo y directora del Instituto de Justicia Procesal Penal, son dos prestigiosos abogados entre cuya experiencia sobresale la creación de las pioneras Unidades de Medidas Cautelares para adolescentes y adultos en Morelos, cuyo modelo después ha sido replicado en Hidalgo, Puebla, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa, así como en Ecuador, Argentina y Perú.

Ahora lo actores del sistema de justicia penal, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas, pero sobre todo víctimas e imputados, sus familias y comunidades disponen de un útil y actualizado documento referencial para promover, crear y aprovechar convenientemente los SPJ.

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LA CREACIÓN de los servicios previos al juicio con la Metodología IJPP

 IMPLEMENTACIÓN de los Servicios Previos al Juicio en los estados

 METODOLOGÍA IJPP de servicios previos al juicio

No más «pagadores»

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Guía de periodismo sobre presunción de inocencia y reforma del sistema de justicia penal, de Marco Lara Klahr, OSJI/Artículo 19/la Embajada Británica en México, México, 2011

  • Novedad editorial
Esta Guía para periodistas, que es parte de la «Serie Prisión Preventiva», ofrece un panorama sobre el debido proceso y otros derechos fundamentales de víctimas e imputados de delito, así como de la profunda reforma que experimenta desde 2008 el sistema de justicia penal mexicano hacia el modelo acusatorio.

Pone el énfasis en los costos sociales y económicos que implican para los detenidos y sus familias, la comunidad y el Estado, normas y prácticas institucionales violatorias de la presunción de inocencia —en especial, el arraigo y la aplicación abusiva de la «prisión preventiva»—, y cómo el trabajo de los periodistas y los medios legitima dichas normas y prácticas —a través de los «juicios mediáticos»— pero al mismo tiempo el potencial que tiene en favor de una reforma que haga de México un país más justo.

Basada en sólidas fuentes sobre legislaciones, modelos procesales y sistemas penitenciarios, debido proceso y presunción de inocencia; los tratados internacionales y las leyes mexicanas, y los estándares deontológicos del periodismo, así como en un amplio conocimiento de la industria noticiosa, persigue convertirse en un instrumento que permita a los periodistas comprender la importancia de que la libre expresión sea armonizada con otros derechos, y dé certeza a su trabajo cotidiano en la cobertura de noticias e historias sobre el delito y la violencia.

Encomendada a Marco Lara Klahr, la Guía fue patrocinada por Open Society Justice Initiative –mediante su Proyecto Presunción de Inocencia en México, parte de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio–, y Artículo 19, y tuvo gran apoyo de Ana Aguilar y Javier Carrasco Solís, de dicho Proyecto; Denise Tomasini-Joshi, Martin Schönteich, Robert Varenik e Ina Zoon, de Open Society Justice Initiative; Darío Ramírez, de Artículo 19, y Roberto Hernández, director de Presunto culpable.

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Solicite su ejemplar con:

Linda Pérez Cortés

(0155) 55363387, ext. 201, de 9:00 a 15:00 horas

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Prisión preventiva y tortura

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¿Por qué las personas en detención preventiva corren más riesgo?, OSJI, 2011

La tortura a presos sin condena es una práctica común en las cárceles del mundo; es decir, las víctimas son en especial personas que de acuerdo con el Derecho Internacional son inocentes mientras un juez no determine su culpabilidad, pero a quienes policías y agentes ministeriales suelen obligar a auto inculparse por ese cruel medio de coerción.

Tal violación sistemática al principio de presunción de inocencia es propiciada, entre otros factores, por «sistemas de justicia penal que privilegian la confesión como ‘prueba reina’», «ineficaces defensores públicos» y «funcionarios mal entrenados y pagados que no cuentan con capacitación moderna sobre métodos de investigación criminal».

De esto da cuenta el informe Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Face the Greatest Risk [Prisión preventiva y tortura: ¿Por qué las personas en detención preventiva corren más riesgo?] [junio 2011], de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio, de Open Society Justice Initiative.

Aparte de un contexto general sobre la aplicación arbitraria de la prisión previa al juicio a nivel global, dicho informe incluye recomendaciones específicas para, en el largo plazo, eliminar su aplicación extensiva, y en el corto plazo «disuadir el uso de la tortura para obtener confesiones de presos sin condena».

Entre las recomendaciones se cuentan «no considerar la confesión como prueba fundamental en el proceso penal», «dotar de una defensa legal pública eficaz y pronta a los imputados» e «implementar mecanismos independientes de supervisión y monitoreo en los centros penitenciarios».

Consulte el Informe, disponible en inglés

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