Defensa penal efectiva en América Latina

Publicado en Biblioteca (Acervo)

Alberto Binder, Ed Cape, Zaza Namoradze, ADC, Cerjusc, Conectas, Dejusticia, IDDD, ICCPG, IJPP, INECIP, junio de 2015, pp. 579

«Aunque en general los derechos procesales de las personas sospechosas y acusadas de un delito están incorporados en las constituciones y las leyes de los seis países (a acceder a un abogado y a ser informado del delito del que se le acusa, y los derechos procesales que tiene), este estudio demostró que en distinto grado, según el derecho específico y la jurisdicción de la que se trata, en la práctica no son garantizados cotidianamente» [p. 494].

Es una de las conclusión inquietantes de este volumen, realizado bajo el liderazgo de Alberto Binder, Ed Cape y Zaza Namoradze, y primer resultado editorial de la investigación «Promover la defensa efectiva de las personas procesadas penalmente en América Latina» [2012-2015], a cargo de un destacado grupo de investigadores.

La obra, que consta de diez capítulos y está enfocada en el real acceso a la defensa en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú, aporta como punto de partida el más completo examen de la defensa penal de cara a los estándares internacionales, exhibiendo la enorme brecha entre el ideal normativo y una deficiente práctica, en el contexto de las reformas a los sistemas penales en la región.

A partir del riguroso análisis, es de especial interés el «Capítulo 10. La mejoría del acceso a la defensa penal efectiva», al resumir los principales hallazgos y conclusiones, identificar los desafíos comunes entre los seis países incluidos y, con esa base, aportar recomendaciones para cada uno de ellos.

Fundamentalmente, las propuestas se relacionan con pronunciados déficits identificados en derechos procesales, «prisión preventiva», acceso a asesoría jurídica, tiempo de preparación de la defensa, y calidad formativa y cultural de los profesionales del Derecho.

Para el caso de México participaron los expertos Miguel Sarre Iguíniz, Ana Aguilar García y Gregorio González Nava, estos dos últimos del Instituto de Justicia Procesal Penal, que destaca entre las entidades de la sociedad civil participantes.

Defensa Penal Efectiva en América Latina contó para su publicación con el apoyo de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio-América Latina y el financiamiento de Open Society Foundations.

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