Tribunales de drogas, ¿solución o desafío a los Derechos Humanos?

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Tribunales de drogas, ¿solución o desafío a los Derechos Humanos? Instituto de Justicia Procesal Penal, AC-IJPP. Ciudad de México, México, 2019

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Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones —llamados también Tribunales de Drogas o, simplemente, TTA— son mecanismos alternativos al sistema de justicia para las personas en conflicto con la ley por delitos relacionados con el consumo. Su propósito es reducir la criminalidad y la sobrepoblación penitenciaria, bajo la premisa de que evitar que dichas personas sean privadas de libertad contribuye a prevenir y reducir el delito y la reincidencia.

Creados originalmente como Cortes de Drogas, surgieron en Estados Unidos durante la década de los ochenta del siglo XX, como alternativa al uso de la prisión en casos de personas usuarias de drogas,[1] y según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), como “alternativas de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas involucran la desviación de los delincuentes de la cárcel al tratamiento y la rehabilitación bajo supervisión judicial”.[2] Funcionaban como jurisdicciones especiales y mecanismos de derivación para que tales personas tuvieran un tratamiento judicial diferenciado y una alternativa a la prisión mediante el tratamiento de su adicción.

El modelo fue siendo implementado, con variaciones, en países como Canadá, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Australia y Nueva Zelanda, y en la región Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina lo han adoptado bajo la conducción de la CICAD, la cual impulsa su instauración como parte de una estrategia hemisférica y un plan de acción sobre drogas.[3]

México fue invitado por la CICAD e inició su implementación en Nuevo León hace una década, lo que ha sido motivo de preocupación porque, además de vulnerar derechos humanos y criminalizar a las personas consumidoras a través de una política con visión punitiva de la seguridad pública, dicho modelo no se apega a los principios y lineamientos del sistema penal acusatorio y es altamente costoso respecto de sus beneficios tangibles.


[1] Guzmán, Diana Esther, Las Cortes de Drogas. Los alcances y retos de una alternativa a la prisión, Dejusticia, Colombia, 2012

[2] CICAD, “Tribunales para el Tratamiento de Drogas”, 2017

[3] CICAD, Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Washington, marzo 3, 2010, y Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2016-2020, Nassau, 2016

 

*Texto obtenido de la Presentación del Documento

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