Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

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Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.Instituto de Justicia Procesal Penal. Ciudad de México, México, 2019

OBLEl 16 de junio de 2016 fue promulgada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), a fin de cumplir con las reformas constitucionales de 2005 y 2015, legislación nacional que establece dicho sistema integral en México y uno de cuyos objetivos centrales es garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o que resulten responsables de la comisión de un hecho tipificado como delito. [2] Entre sus artículos transitorios incorpora el sistema acusatorio el 18 de junio del mismo año, fijando para su implementación un plazo no mayor de tres años, [3] y otros plazos para la aprobación de normatividad y componentes adicionales.

Al 18 de junio de 2019, sin embargo, no existe aún el sistema integral de justicia para adolescentes tratándose de los hechos tipificados como delitos federales.

Así, el presente Informe aporta los resultados de la implementación en las entidades federativas, con base en cinco indicadores seleccionados por nuestro Observatorio Libertad en Comunidad, registrándose el grado de avance, así como datos estadísticos de las entidades que contestaron las solicitudes de información respectivas. Previamente, describe los antecedentes del sistema de adolescentes en México y el origen mismo de este documento.

El Observatorio Libertad en Comunidad es una iniciativa del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC (IJPP), que tiene como objetivo dar seguimiento, desde la sociedad civil, a la implementación del sistema de justicia penal para adolescentes. A partir de nuestra intervención directa en la creación de la unidad de medidas cautelares de adolescentes de Morelos (2011) hemos estado implicados en dicho sistema, a través de cursos de formación, aportaciones para su diseño normativo, y el seguimiento y la evaluación. Hoy, mediante el Observatorio analizamos la información de las entidades federativas, identificando tendencias y aportando recomendaciones e insumos para su fortalecimiento. Una de nuestras preocupaciones es que ciertos estados aún afrontan retos en el registro de la información, por lo cual incluimos el indicador de transparencia.


[2] Artículo 2, Fracción II, LNSIJPA, DOF, junio 16, 2016

[3] Artículo Primero transitorio (sobre la vigencia), LNSIJPA, DOF, junio 16, 2016

* Texto obtenido de la Presentación del Documento 

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Prisión preventiva y defensa de calidad. Un indicador de Justicia.

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Prisión preventiva y defensa de calidad. Un indicador de Justicia. Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia: Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal (OSCJ). Con el apoyo de Fundación Mac Arthur. Ciudad de México, México, 2018

PrisionvMéxico se encuentra inmerso en un periodo de consolidación de la reforma al proceso penal implementada en 2008 a nivel nacional. El objeto de la reforma fue desarticular el viejo sistema inquisitivo (Duce, 2005), en correspondecia con la dinámica regional que tuvo lugar a partir de la década de 1980, en la cual, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a financiar proyectos de transformación de los sistemas penales regionales como parte de la política llamada "promoción de la democracia" (Carothers, 2009). De acuerdo con esa política, el sistema de justicia penal era un factor esencial para la democratización de los países en transición, en tanto contribuía a enfrentar la violencia, así como los efectos de éstas en las instituciones políticas y legales (Álvarez, 1991). 

Este breve informe se ocupará, en primer lugar, de hacer un breve recuento de la literatura relacionada con la evaluación de la efectividad de la defensa en relación con la evaluación de la prisión preventiva; enseguida explicará la metodología aplicada y las técnicas estadísticas utilizadas; posteriormente se presentarán las conclusiones de acuerdo con los resultados; y, finalmente, señalaremos algunas preguntas para las y los profesionales del sistema de justicia penal, con el ánimo de generar un espacio de retroalimentación. 

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* Texto extraido del Primer capítulo de la contraportada 

¡Protejamos a las víctimas! Manual de Nuevo Periodismo Judicial, con enfoque garantista

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¡Protejamos a las víctimas! Manual de Nuevo Periodismo Judicial, con enfoque garantista, Marco Lara Klahr, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ciudad de México, México, 2017

Manual 2Desde principios de la década de los noventa del siglo xx la sociedad mexicana ha experimentado transformaciones como nunca antes. Su transición democrática ha producido una expansión inédita de las capacidades de la acción ciudadana organizada, institucional y de cultura política. Sin embargo, también ha provocado, de forma contradictoria, el colapso de sus sistemas de seguridad y justicia, la dilución acelerada de redes comunitarias de protección y el protagonismo crecientemente monopólico de las industrias culturales de la información, así como el nuevo predominio de poderes fácticos –ya sea legitimados o ilegalizados. 

Para los efectos de nuestro manual de periodismo, dos respuestas sociales a esta realidad compleja dignas de destacar son:

La alta especialización de organizaciones de la sociedad civil en la producción de conocimiento aplicado para comprender, medir, responsabilizar, actuar y transformar; así como su concurrencia en la conformación de redes, advocacy e incidencia en manufactura legislativa, políticas públicas y medios de comunicación, y en la formación de liderazgos. Todo ello en pro de diversas esferas y dimensiones de los derechos humanos.

La reforma estructural de la justicia y los derechos humanos que desde mediados de los años 2000 ha ido germinando, para florecer en una interesante variedad normativa que, si bien no se ha materializado lo necesario, aporta poderosas herramientas de activismo ciudadano y cambio dentro y fuera del ámbito institucional.

Como era predecible, poderes fácticos han obstaculizado y desafiado este proceso histórico. En parte, debido no sólo a fenómenos estructurales relacionados con el burocratismo y la verticalidad, la corrupción, el abuso de poder y la inoperancia institucionales, sino también a la privatización del espacio público, el relajamiento de la legalidad y la indolencia masiva.

La securitización de la vida social y el populismo punitivo, la arbitrariedad desde el poder público, las violaciones a derechos humanos y el repunte de la violencia criminal sobresalen entre las peores consecuencias de lo anterior al reproducir, reforzar, invisibilizar y legitimar o negar el estado de cosas, aferrándose, paradójicamente, a él.

En tal contexto, la reforma estructural de justicia y derechos humanos, en específico, ha resultado sistemáticamente obstaculizada. Esto, sobre todo, por su filosofía garantista que confronta la endogamia institucional y sitúa a las personas y nuestras comunidades en el centro de las políticas, las instituciones y los servicios públicos, incluidos los de la seguridad ciudadana y la justicia penal.

Por otra parte, en lo que corresponde a la comunicación en un sentido amplio, dichos poderes practican una presión creciente hacia el ejercicio del derecho humano a las libertades de expresión y prensa, así como contra el periodismo, a través de los más diversos mecanismos de control, los cuales abarcan desde la cooptación hasta la violencia letal.

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* Texto extraido del Primer capítulo del Manual* 

Manual de Periodismo sobre Novedades Procesales del Sistema Penal

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Manual de Periodismo sobre Novedades Procesales del Sistema Penal, Marco Lara Klahr, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ciudad de México, México, 2018

 Manual-de-periodismo1. La reingieniería del Sistema Penal en México 

Para el grueso de las y los profesionales de la comunicación y el periodismo judicial en México ya no es novedad: el Sistema de Justicia Penal se modernizó normativamente con la clara pretensión de dejar atrás gran parte del modelo inquisitivo y permitir la implementación del acusatorio actual. La plataforma de despegue fueron dos profundas reformas constitucionales –2008 y 2011–, las cuales abrevaron los estándares internacionales de derechos humanos y constituyen los cimientos de una portentosa obra de reingeniería político-institucional que conlleva la revolución jurídico-cultural en curso.

Además, en la historia del país, probablemente, ninguna otra reforma estructural de una parte central de la política criminal –la del Sistema Penal y su procedimiento– se ha mantenido en la conversación pública de forma tan prolongada y, en ocasiones, álgida, al mismo nivel de otras recientes como la político-electoral, la energética, la educativa o la fiscal.

La primera de las dos reformas constitucionales mencionadas, la de 2008, fue llamada Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. Ésta estableció el paradigma acusatorio de justicia, mediante un conjunto de principios, figuras y reglas procesales encaminado a lograr una procuración y administración de justicia eficientes, equilibradas, transparentes y con enfoque diferenciado, en donde las partes en conflicto tengan las debidas garantías para reivindicar equitativamente sus intereses legítimos.

La segunda, de 2011, fue conocida como Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En ella se incorporaron algunos de los principales estándares internacionales al corpus constitucional, lo que modificó el orden original de garantías individuales. Con ello se amplió el sistema de protección a la dignidad e integridad humanas, y se establecieron responsabilidades específicas de las y los servidores públicos para proveerlos, promoverlos, evitar su violación y actuar contra ello.

Así llegamos a este momento. 

Ahora bien, si se piensa que el cambio puede lograrse sólo con leyes reformadas o nuevas, o que nada cambiará, tal vez debamos reconsiderar dedicarnos directa o indirectamente a la comunicación o el periodismo judicial. Es verdad que no hay espacio para el optimismo, pero sí oportunidades envidiables de desarrollo profesional.

Una sociedad autoritaria como la nuestra, con una cultura política precaria, tan lastimada, polarizada y crispada por la larga e incesante crisis de inseguridad y violencia, no podrá transformarse de la noche a la mañana. Se logró el cambio normativo indispensable, sin embargo, ahora se tiene el desafío todavía más complicado, pero fascinante: trabajar por su materialización en instituciones gobernadas por una mentalidad proclive a la legalidad, los derechos humanos y la ética pública.

En esto es en lo que las y los periodistas, y los medios noticiosos podemos ser socialmente vitales –o nocivos. Desde las vastas posibilidades de la comunicación y el periodismo –que destacan por su papel inherente de supervisión ciudadana del ejercicio de la función pública– podemos contribuir a que todo cambie, incluso en la justicia penal.

Descarga en PDF el Informe Manual de Periodismo sobre Noverdades Procesales del Sistema Penal

* Texto extraido del Primer capítulo del Manual

Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas

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Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas, Article 19, en colaboración con Marco Lara Klahr, Article 19, Ciudad de México, México, 2018

IJPP Tribunales“No dejes que la verdad te estropee una buena noticia”, aconseja cierta (anti) sentencia en el gremio periodístico, socorrida en la dinámica industrial de las salas de redacción —basada habitualmente en la maquila de producción noticiosa.

Por generalizante y maniquea, tal vez pueda percibirse como ofensiva, pero sirve tomarla de manera provisoria, sólo para reflexionar sin tabúes y propositivamente acerca de las implicaciones sociales, legales y éticas de la nota roja y el “infoentretenimiento”, en particular cuando exhiben desde el espacio noticioso a personas víctimas y acusadas de delitos, sometiéndolas al denominado tribunal paralelo o mediático, esa intervención deliberada de la comunicación política donde confluyen intereses ilegítimos de la comunicación institucional de seguridad y justicia, el periodismo policial y judicial, y la industria noticiosa, buscando fijar en el público una “realidad” inducida. Observa Felipe Pena de Oliveira (2006: 230):

La reflexión crítica sobre el periodismo no es que sea pertinente, es imprescindible. Necesitamos entender nuestros problemas, buscar caminos, encontrar soluciones. Necesitamos conocer los motivos de la desconfianza creciente del público. Necesitamos analizar nuestros prejuicios y estereotipos. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones como profesionales de la prensa, incentivando la investigación científica y participando de ella.

Ésa es la idea: frente a la nota roja y el infoentretenimiento, proponemos la problematización y el entendimiento, la asunción de responsabilidad y la exigencia ciudadana de enfoques y prácticas comunicacionales y periodísticas con base en normas profesionales autorregulatorias, delimitadas por el respeto a la dignidad humana.

Desde el surgimiento del periodismo de nota roja ―que aún hoy en el gremio periodístico suele nombrarse incorrectamente como sinónimo de periodismo policial o judicial―, al desarrollarse la así llamada prensa industrial en el transcurso del siglo xix,1 y hasta ahora, los cambios sociales han producido y se han nutrido de paradigmas filosóficos, teóricos, jurídico–penales y periodísticos que sitúan a la persona en el centro de la organización colectiva y la democracia.

Esos paradigmas dan una perspectiva cada vez más amplia, integral y garantista de las relaciones sociales ―contenida hoy, por ejemplo, en el principio pro persona―,2 en especial si las personas se hallan en situación vulnerable, como cuando son víctimas directas o indirectas de un delito o de la violación de sus derechos humanos; detenidas, acusadas, imputadas o sometidas a un procedimiento penal; o condenadas y sancionadas penalmente con la privación de libertad.

No obstante, la nota roja persiste, adquiriendo nuevos aires de actualidad gracias al infoentretenimiento, ese enfoque noticioso que banaliza y “espectaculariza” los hechos sobre seguridad y justicia, abrevando de clichés dramatizantes y efectistas antes propios de los espectáculos, los deportes y otros rubros del soft media.3 Casi inmutables en el tiempo, tales paradigmas de la comunicación institucional, el periodismo y los medios persisten al grado de dominar la atmósfera social.

Hoy, cuando México vive una crisis de violencia, seguridad y justicia que se prolonga ya al menos por un cuarto de siglo, es relevante confrontar —desde la comunicación institucional, el ejercicio del periodismo y el quehacer de los medios noticiosos— esta lógica periodística maquiladora de noticias y sus dañinos efectos sociales, mediante el conocimiento, la comprensión, apropiación y socialización de las perspectivas sociales garantistas.

No es una actitud voluntariosa. De cara ese crítico escenario mexicano cuyo costo humanitario es elevado,4 puede considerarse, tal como lo menciona Manuel López (2004: 114) que uno de los mayores sentidos sociales del periodismo (cívico) y los medios informativos es “acercarse a la gente para que sea ella misma la que busque una solución a sus problemas. Es, en resumen, una vía democrática y periodística de compromiso del medio para con la sociedad. Y para ello abandonará el sistema de trabajo basado en las rutinas, las rondas, las camarillas y los estereotipos”.

Como nunca, lo aquí mencionado sitúa a las y los comunicadores y periodistas ante una disyuntiva profesional con hondas implicaciones democráticas, más allá de sus respectivas ideologías: a) al persistir en la práctica de la nota roja y el infoentretenimiento, favorecen la atmósfera generalizada de polarización, ilegalidad, abuso de poder, violación de derechos humanos, corrupción, impunidad e injusticia; o bien, b) al asumir desde su ejercicio profesional los valores democráticos asentados en el respeto a la dignidad humana y armonizarlos con la libertad de expresión, propician la observancia de los derechos humanos, la justicia y la paz sociales ―lo cual pasa, sin duda, por la obligada función crítica del periodismo, que denuncia para visibilizar a aquellos protagonistas y factores estructurales que violentan el orden democrático.

Tal disyuntiva está latente y afrontarla es particularmente difícil cuando flota en el entorno gubernamental, mediático corporativo y social el discurso de que los derechos humanos pueden conspirar contra la seguridad, la justicia y la paz social, y hasta que son relativamente negociables o sacrificables si así se consigue que estas últimas mejoren.

El objetivo de este Informe sobre Tribunales paralelos y la exhibición mediática de las personas es el de ofrecer un punto de partida, una plataforma teórica, legal y ética, pero también motivacional, que permita al público comprender la relevancia social ―positiva o negativa― de los medios noticiosos, y a las y los comunicadores y periodistas asumir con conocimiento de causa el vibrante desafío de actualizar la comunicación institucional y el periodismo de acuerdo con las necesidades democráticas de la sociedad mexicana.

En el caso de las y los comunicadores institucionales se expone adicionalmente el vasto marco normativo vinculante, insistiendo en que su condición de servidores públicos les impone como obligación el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como actuar contra quienes los violan.5


[1] Para la historia del periodismo policial y judicial, véase Lara y Barata (2009).

[2] Que hoy prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en su artículo 1⁰, al establecer que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales […] favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

[3] Soft media, lo mismo que soft news, alude, en general, a medios, formatos o contenidos de entretenimiento.

[4] Véase el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) Región Centro aporta, por ejemplo, uno de los más valiosos y completos acervos cuantitativos y cualitativos acerca del impacto humano, político, cultural y económico de la política pública contra las sustancias ilícitas en México. Recuperado de: https://goo.gl/7cFmTG

[5] “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, mandata el artículo 10 de la Constitución mexicana.

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* Texto extraido del Preámbulo del Informe.