Tribunales de drogas, ¿solución o desafío a los Derechos Humanos?

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Tribunales de drogas, ¿solución o desafío a los Derechos Humanos? Instituto de Justicia Procesal Penal, AC-IJPP. Ciudad de México, México, 2019

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Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones —llamados también Tribunales de Drogas o, simplemente, TTA— son mecanismos alternativos al sistema de justicia para las personas en conflicto con la ley por delitos relacionados con el consumo. Su propósito es reducir la criminalidad y la sobrepoblación penitenciaria, bajo la premisa de que evitar que dichas personas sean privadas de libertad contribuye a prevenir y reducir el delito y la reincidencia.

Creados originalmente como Cortes de Drogas, surgieron en Estados Unidos durante la década de los ochenta del siglo XX, como alternativa al uso de la prisión en casos de personas usuarias de drogas,[1] y según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), como “alternativas de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas involucran la desviación de los delincuentes de la cárcel al tratamiento y la rehabilitación bajo supervisión judicial”.[2] Funcionaban como jurisdicciones especiales y mecanismos de derivación para que tales personas tuvieran un tratamiento judicial diferenciado y una alternativa a la prisión mediante el tratamiento de su adicción.

El modelo fue siendo implementado, con variaciones, en países como Canadá, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Australia y Nueva Zelanda, y en la región Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina lo han adoptado bajo la conducción de la CICAD, la cual impulsa su instauración como parte de una estrategia hemisférica y un plan de acción sobre drogas.[3]

México fue invitado por la CICAD e inició su implementación en Nuevo León hace una década, lo que ha sido motivo de preocupación porque, además de vulnerar derechos humanos y criminalizar a las personas consumidoras a través de una política con visión punitiva de la seguridad pública, dicho modelo no se apega a los principios y lineamientos del sistema penal acusatorio y es altamente costoso respecto de sus beneficios tangibles.


[1] Guzmán, Diana Esther, Las Cortes de Drogas. Los alcances y retos de una alternativa a la prisión, Dejusticia, Colombia, 2012

[2] CICAD, “Tribunales para el Tratamiento de Drogas”, 2017

[3] CICAD, Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Washington, marzo 3, 2010, y Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas, 2016-2020, Nassau, 2016

 

*Texto obtenido de la Presentación del Documento

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El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles

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Comunicado de Prensa

CNDH ATÓNOMA

  • Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria cumpla con los Principios de París, y sea vinculante que la valoración de los perfiles se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.
  • Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto.

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad.

Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos.

La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán propuestas de la sociedad civil.

Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO):

1. Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación democrático al interior de las Comisiones Unidas;

2. Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; 

3. Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y

4. Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes hemos enviado. En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país.

 

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El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles

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IJPPEl proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles

  • Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria cumpla con los Principios de París, y sea vinculante que la valoración de los perfiles se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.
  • Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto.

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad. Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos. La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán propuestas de la sociedad civil. Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): 1. Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación democrático al interior de las Comisiones Unidas; 2. Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; 3. Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y 4. Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes hemos enviado. En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país.

 


 

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Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

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Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.Instituto de Justicia Procesal Penal. Ciudad de México, México, 2019

OBLEl 16 de junio de 2016 fue promulgada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), a fin de cumplir con las reformas constitucionales de 2005 y 2015, legislación nacional que establece dicho sistema integral en México y uno de cuyos objetivos centrales es garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o que resulten responsables de la comisión de un hecho tipificado como delito. [2] Entre sus artículos transitorios incorpora el sistema acusatorio el 18 de junio del mismo año, fijando para su implementación un plazo no mayor de tres años, [3] y otros plazos para la aprobación de normatividad y componentes adicionales.

Al 18 de junio de 2019, sin embargo, no existe aún el sistema integral de justicia para adolescentes tratándose de los hechos tipificados como delitos federales.

Así, el presente Informe aporta los resultados de la implementación en las entidades federativas, con base en cinco indicadores seleccionados por nuestro Observatorio Libertad en Comunidad, registrándose el grado de avance, así como datos estadísticos de las entidades que contestaron las solicitudes de información respectivas. Previamente, describe los antecedentes del sistema de adolescentes en México y el origen mismo de este documento.

El Observatorio Libertad en Comunidad es una iniciativa del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC (IJPP), que tiene como objetivo dar seguimiento, desde la sociedad civil, a la implementación del sistema de justicia penal para adolescentes. A partir de nuestra intervención directa en la creación de la unidad de medidas cautelares de adolescentes de Morelos (2011) hemos estado implicados en dicho sistema, a través de cursos de formación, aportaciones para su diseño normativo, y el seguimiento y la evaluación. Hoy, mediante el Observatorio analizamos la información de las entidades federativas, identificando tendencias y aportando recomendaciones e insumos para su fortalecimiento. Una de nuestras preocupaciones es que ciertos estados aún afrontan retos en el registro de la información, por lo cual incluimos el indicador de transparencia.


[2] Artículo 2, Fracción II, LNSIJPA, DOF, junio 16, 2016

[3] Artículo Primero transitorio (sobre la vigencia), LNSIJPA, DOF, junio 16, 2016

* Texto obtenido de la Presentación del Documento 

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Prisión preventiva y defensa de calidad. Un indicador de Justicia.

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Prisión preventiva y defensa de calidad. Un indicador de Justicia. Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia: Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal (OSCJ). Con el apoyo de Fundación Mac Arthur. Ciudad de México, México, 2018

PrisionvMéxico se encuentra inmerso en un periodo de consolidación de la reforma al proceso penal implementada en 2008 a nivel nacional. El objeto de la reforma fue desarticular el viejo sistema inquisitivo (Duce, 2005), en correspondecia con la dinámica regional que tuvo lugar a partir de la década de 1980, en la cual, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a financiar proyectos de transformación de los sistemas penales regionales como parte de la política llamada "promoción de la democracia" (Carothers, 2009). De acuerdo con esa política, el sistema de justicia penal era un factor esencial para la democratización de los países en transición, en tanto contribuía a enfrentar la violencia, así como los efectos de éstas en las instituciones políticas y legales (Álvarez, 1991). 

Este breve informe se ocupará, en primer lugar, de hacer un breve recuento de la literatura relacionada con la evaluación de la efectividad de la defensa en relación con la evaluación de la prisión preventiva; enseguida explicará la metodología aplicada y las técnicas estadísticas utilizadas; posteriormente se presentarán las conclusiones de acuerdo con los resultados; y, finalmente, señalaremos algunas preguntas para las y los profesionales del sistema de justicia penal, con el ánimo de generar un espacio de retroalimentación. 

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* Texto extraido del Primer capítulo de la contraportada