Manual para la defensa de víctimas de tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes

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Manual para la defensa de víctimas de tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes, Andrés Marcelo Díaz Fernández, Gabriela Ortiz Quintero, Pamela Susana Velázquez Zambrano, Simón Hernández León, IJPP/fundar, Centro de Análisis e Investigación/MacArthur Foundation, México, 2018

ManualDesde la primera década del siglo XXI México atraviesa por la que es considerada una crisis grave de derechos humanos. Su magnitud ha provocado que diversas entidades internacionales alcancen un consenso en cuanto al diagnóstico y caracterizar la situación del país como crítica, con problemáticas de larga data que convergen con nuevas y diversas formas de afectación a tales derechos. Para organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta crisis se centra en violaciones graves como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincide, refiriendo que la tortura y la desaparición forzada son las problemáticas más urgentes.

La prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación existe desde 1948, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se reiteró al adoptarse en 1984 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por 156 países.

Además de violaciones a derechos humanos, los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) son considerados crímenes dentro del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su prohibición tiene rango de norma de ius cogens,  lo cual significa que es un derecho absoluto. Asimismo, en determinadas circunstancias esos actos pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio.

Si bien ningún Estado puede torturar o permitir la tortura o los malos tratos en ningún caso ni bajo justificación alguna, y a pesar de los esfuerzos para su proscripción, estos persisten: durante los últimos cinco años, por ejemplo, Amnistía Internacional ha monitoreado casos de tortura en 141 países.

En 2015, durante la visita in loco de la CIDH a México, la Procuraduría General de la República le informó que hasta abril de aquel año tenía en curso 2,420 investigaciones sobre tortura, mientras que había solo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó haber recibido más de 10,200 quejas por detención arbitraria y más de 9,200 por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2006 y 2015. Antes, en su visita a México de 2014 y su informe de seguimiento de 2016, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, manifestó que tales prácticas eran generalizadas.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL

El 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional de justicia penal y seguridad pública, a partir del decreto que modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del 73; la fracción VII del 115, y la XIII del apartado B del artículo 123 constitucionales, además de once artículos transitorios. 

Esta reforma estableció en México el sistema acusatorio, basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y donde la oralidad es un componente fundamental para dar mayor claridad y velocidad al desarrollo de las audiencias. 

Un punto clave de esta reforma penal fue la incorporación de los derechos humanos como eje rector del proceso, y en particular de la presunción de inocencia. Se protegieron también el derecho a un juicio imparcial y transparente, y las medidas cautelares para la persona imputada no se limitaron a la privativa de la libertad; se previó agilizar las investigaciones, buscar para la persona víctima, prioritariamente, la reparación del daño, y mayor control judicial de las detenciones, los medios probatorios y la ejecución penal.

Como consecuencia, en 2014 fue promulgado el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos principales enfoques son la protección de la persona víctima y sus derechos –señaladamente, la reparación del daño–, lo mismo que los de la imputada –como el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, y su acceso a los servicios previos al juicio.

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*El Texto pertenece a la primera parte del Manual 

Manual para la defensa de víctimas de delitos o violaciones a normas internacionales de derechos humanos

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Manual para la defensa de víctimas de delitos o violaciones a normas internacionales de derechos humanos, 
Simón Hernández León, Pamela Susana Velázquez Zambrano, Mariano Sebastián Gaitán, IJPP/MacArthur Foundation, México, 2017 

ijppmLa expresión “derechos de las víctimas” está muy presente en nuestra sociedad. En general, situaciones límite de violencia, conflicto armado, migración, discriminación, desigualdad social y pobreza generan empatía hacia personas y colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Existe la sensación generalizada de que los derechos de las personas víctimas no se respetan y el Estado no hace lo suficiente para proteger y asistir a quienes padecen las consecuencias del delito o la violación de derechos humanos. 

Los medios informativos contribuyen a afianzar esta percepción al difundir cotidianamente homicidios, secuestros, violaciones y otros crímenes impactantes, relatando con detalle el sufrimiento y desamparo de las víctimas. Funcionarios de gobierno y políticos de diversas orientaciones también se refieren con frecuencia al dolor que viven y prometen reformas para protegerlas. Grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil se movilizan en defensa de sus derechos y reclaman medidas para hacerlos efectivos. A su vez, personas que no han sido victimizadas se conmueven y temen que eso mismo les ocurra, sintiendo empatía hacia ellas.

Por fortuna, este renovado interés por los derechos de las víctimas ha mantenido en la agenda pública un problema ignorado por mucho tiempo. Sin embargo, aún hay muchas dificultades para traducir demandas y promesas en acciones específicas que mejoren su situación.

Un aspecto que dificulta la defensa de las víctimas es la poca certeza sobre cuáles son sus derechos. Los medios informativos, los políticos e incluso algunas víctimas aluden a ellos de modo vago, no hay consenso sobre su significado y la confusión aumenta al haber dos conceptos similares pero diferenciados: el de “víctima de delito” y “víctima de violaciones a normas internacionales de derechos humanos”, que son utilizados indistintamente, sin considerar sus especificidades. Medios y políticos suelen referirlos en un sentido cargado de emotividad más que jurídico —invocarlos es permite captar la atención de la audiencia o la simpatía del electorado—. Pero el mayor riesgo de esta confusión es que las medidas y reformas adoptadas en su nombre no siempre están orientadas a protegerlos. 

En México, desde la conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un grupo de la sociedad civil reducido, pero con gran influencia, así como de ciertos actores públicos, reivindica a las “víctimas de delito” en detrimento de las que padecen violaciones a derechos humanos. Reduciendo la grave problemática que plantea la actual política de seguridad y su militarización, relativiza indebidamente el impacto y volumen de estas últimas bajo el argumento de que muchas de ellas participaban de actividades delictivas, descalificándolas, y que su atención relega a las víctimas del delito.

De esta forma, no obstante el creciente reconocimiento y empatía social hacia el universo de las personas consideradas víctimas, las de violaciones a derechos humanos —particularmente aquellas relacionadas con agentes de seguridad nacional, incluidas las fuerzas armadas en el contexto del combate a la delincuencia organizada— han sido estigmatizadas y calificadas sin más como delincuentes, sin importar que muchas fueran detenidas, torturadas y hasta desaparecidas, y no tuvieran relación alguna con el crimen organizado.

Habitualmente, las políticas de aumento indiscriminado de penas, restricción de garantías judiciales y represión violenta del delito agravan la situación de las personas acusadas y de algunos grupos sociales, en tanto que no mejoran la de las víctimas. No propician mayor acceso a la justicia, un trato más humano y digno, mejores medidas de protección y asistencia, ni la reparación más completa del daño producido. Tampoco contribuyen a disminuir los niveles de violencia social ni prevenir los delitos. En cambio, generan atropellos a los derechos fundamentales, aumento de la violencia del Estado y patrones de generalización de la impunidad.

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 *El texto publicado pertenece a la Presentación del Manual

Jueces. Guía de conducción de audiencias preliminares*

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Jueces. Guía de conducción de audiencias preliminares,
Carlos Enrique Núñez Núñez y Gabriela Ortiz Quintero, IJPP/MacArthur Foundation, México, 2016.

 

Esta guía de conducción de audiencias inicial e intermedia para el sistema penal acusatorio con perspectiva de derechos humanos y lenguaje democrático, pretende apoyar la labor de los y las juezas —primordialmente—, así como a otros profesionales de dicho sistema en México. Se creó a partir de sus necesidades y experiencias, con miras a enfrentar los retos que surgen de la operación cotidiana.

Con ella buscamos que los y las juezas visualicen de forma sencilla los mecanismos con los que cuentan para garantizar los derechos humanos en el marco de los principios del proceso acusatorio y oral, y conocer las mejores prácticas que hemos recogido de la observación de audiencias en diversas entidades federativas, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Les ofrecemos aquí información práctica sobre cómo hacerlo, además de una compilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aparte de jurisprudencia y tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aporten elementos para su importante función.

Esperamos que esta herramienta sea un primer acercamiento sencillo y práctico para quienes están interesados en el funcionamiento del sistema penal acusatorio mexicano desde la perspectiva de quien juzga.

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*El texto publicado pertence a la introducción de esta guía

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Libertad en comunidad. Manual para crear Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil auxiliares en la Supervisión de adolescentes bajo proceso penal en libertad

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Libertad en comunidad. Manual para crear Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil auxiliares en la Supervisión de adolescentes bajo proceso penal en libertad, IJPP/Fondo Canadá, México, 2016.

El Instituto de Justicia Procesal Penal, AC [IJPP] y el Fondo Canadá, ponen a tu disposición este útil manual para crear redes de organizaciones de la sociedad civil auxiliares en la supervisión de personas adolescentes que siguen un proceso penal bajo medidas cautelares en libertad o condiciones de suspensión a prueba.

Libertad en comunidad [IJPP/Fondo Canadá, 2016] aporta las pautas básicas para que las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso ―en el marco de implementación del sistema de justicia penal acusatorio― fomenten la creación e incorporen institucionalmente dichas redes conformadas por organizaciones con diversas especialidades.

Durante más de una década nuestro Instituto ha desarrollado un modelo de servicios previos al juicio y, en ese marco, promovido el funcionamiento de las UMECA como la opción más eficaz para racionalizar la aplicación de medidas cautelares, privilegiando aquellas en libertad.

Ahora la propuesta de vincular a las UMECA con redes de organizaciones civiles, mediante convenios, busca facilitar que las personas adolescentes a las que se les impusieron medidas cautelares en libertad o condiciones de suspensión del procedimiento a prueba, cumplan con ellas de manera cabal.

Lo anterior contribuirá a mejorar la confianza pública, en este caso, del sistema de justicia penal para adolescentes y privilegiar siempre que sea posible medidas cautelares alternativas a la privativa de libertad.

Nuestro manual parte de la convicción de que «la supervisión más eficaz es la que se realiza desde los espacios y recursos comunitarios», y las redes «propician formas de interacción y espacios sociales de convivencia y conectividad», que «aglutinan a personas con las mismas necesidades y problemáticas y permiten potenciar sus recursos y afrontar la solución de desafíos comunes».

Libertad en comunidad propone nueve pasos para la creación de dichas redes, que van desde la identificación y el mapeo de las organizaciones civiles con mejor perfil, hasta sesiones de sensibilización y capacitación a sus integrantes sobre los derechos de las personas que enfrentan procesos penales, el diseño de los protocolos de actuación y la agenda de reuniones de retroalimentación, fortalecimiento y evaluación general del proceso.

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Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la prevención social de la violencia

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Lara Klahr, Marco, Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la prevención social de la violencia, USAID/Programa para la Convivencia Ciudadana, México, 2015.

Esta no es solo una guía para cubrir conflictos sociales. Es la primera que, con enfoque de Periodismo para la Paz, explica a l@s periodistas «los significados, orígenes y consecuencias de la violencia», y cómo desde el periodismo pueden asumirse como «actores indispensables para prevenirla o al menos contribuir a mitigarla».

Elaborada por Marco Lara Klahr, la Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la prevención social de la violencia, parte de la convicción de que reporteros, editores y ejecutivos editoriales que abordan temas relacionados con conflictos sociales, violencia y delincuencia pueden, mediante novedosas perspectivas, ideas y pautas deontológicas realistas, ejercer «un periodismo centrado en las personas y su contexto social».

Y de ese modo, además, abandonar el papel al que se les ha confinado, «una suerte de maquila, donde lo esencial es alimentar una insaciable cadena de producción noticiosa, sin importar demasiado la calidad y, aún menos, las consecuencias sociales de la información emitida».

Como premisa de la Guía y desde el ejercicio mismo del periodismo, Lara Klahr sostiene que «en toda forma de violencia social subyace un conflicto no transformado positivamente, donde están en juego derechos o necesidades humanas fundamentales», y a partir de eso ofrece una serie de pautas apoyadas en indicadores sobre percepción pública de la inseguridad, victimización y eficacia del sistema de justicia penal.

El objetivo final, apunta, es que l@s periodistas puedan «ser agentes de cambio social», es decir, asumirse «como parte de nuestra comunidad; siendo conscientes de las consecuencias que tiene para ella y sus miembros lo que publicamos, y de qué manera lo hacemos».

Entre los capítulos de la Guía destacan «Correlaciones: Estado de Derecho, violencia social y libertades de información», «Lo que conviene tener presente sobre el conflicto y la violencia», «La violencia en las industrias culturales: de la “nota roja” al“infoentretenimiento”», y «El periodismo como recurso social para la transformación pacífica de los conflictos y la prevención social de la violencia».

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