Manual de Periodismo sobre Novedades Procesales del Sistema Penal

Publicado en Biblioteca (Acervo)

Manual de Periodismo sobre Novedades Procesales del Sistema Penal, Marco Lara Klahr, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ciudad de México, México, 2018

 Manual-de-periodismo1. La reingieniería del Sistema Penal en México 

Para el grueso de las y los profesionales de la comunicación y el periodismo judicial en México ya no es novedad: el Sistema de Justicia Penal se modernizó normativamente con la clara pretensión de dejar atrás gran parte del modelo inquisitivo y permitir la implementación del acusatorio actual. La plataforma de despegue fueron dos profundas reformas constitucionales –2008 y 2011–, las cuales abrevaron los estándares internacionales de derechos humanos y constituyen los cimientos de una portentosa obra de reingeniería político-institucional que conlleva la revolución jurídico-cultural en curso.

Además, en la historia del país, probablemente, ninguna otra reforma estructural de una parte central de la política criminal –la del Sistema Penal y su procedimiento– se ha mantenido en la conversación pública de forma tan prolongada y, en ocasiones, álgida, al mismo nivel de otras recientes como la político-electoral, la energética, la educativa o la fiscal.

La primera de las dos reformas constitucionales mencionadas, la de 2008, fue llamada Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. Ésta estableció el paradigma acusatorio de justicia, mediante un conjunto de principios, figuras y reglas procesales encaminado a lograr una procuración y administración de justicia eficientes, equilibradas, transparentes y con enfoque diferenciado, en donde las partes en conflicto tengan las debidas garantías para reivindicar equitativamente sus intereses legítimos.

La segunda, de 2011, fue conocida como Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En ella se incorporaron algunos de los principales estándares internacionales al corpus constitucional, lo que modificó el orden original de garantías individuales. Con ello se amplió el sistema de protección a la dignidad e integridad humanas, y se establecieron responsabilidades específicas de las y los servidores públicos para proveerlos, promoverlos, evitar su violación y actuar contra ello.

Así llegamos a este momento. 

Ahora bien, si se piensa que el cambio puede lograrse sólo con leyes reformadas o nuevas, o que nada cambiará, tal vez debamos reconsiderar dedicarnos directa o indirectamente a la comunicación o el periodismo judicial. Es verdad que no hay espacio para el optimismo, pero sí oportunidades envidiables de desarrollo profesional.

Una sociedad autoritaria como la nuestra, con una cultura política precaria, tan lastimada, polarizada y crispada por la larga e incesante crisis de inseguridad y violencia, no podrá transformarse de la noche a la mañana. Se logró el cambio normativo indispensable, sin embargo, ahora se tiene el desafío todavía más complicado, pero fascinante: trabajar por su materialización en instituciones gobernadas por una mentalidad proclive a la legalidad, los derechos humanos y la ética pública.

En esto es en lo que las y los periodistas, y los medios noticiosos podemos ser socialmente vitales –o nocivos. Desde las vastas posibilidades de la comunicación y el periodismo –que destacan por su papel inherente de supervisión ciudadana del ejercicio de la función pública– podemos contribuir a que todo cambie, incluso en la justicia penal.

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* Texto extraido del Primer capítulo del Manual*

Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas

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Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas, Article 19, en colaboración con Marco Lara Klahr, Article 19, Ciudad de México, México, 2018

IJPP Tribunales“No dejes que la verdad te estropee una buena noticia”, aconseja cierta (anti) sentencia en el gremio periodístico, socorrida en la dinámica industrial de las salas de redacción —basada habitualmente en la maquila de producción noticiosa.

Por generalizante y maniquea, tal vez pueda percibirse como ofensiva, pero sirve tomarla de manera provisoria, sólo para reflexionar sin tabúes y propositivamente acerca de las implicaciones sociales, legales y éticas de la nota roja y el “infoentretenimiento”, en particular cuando exhiben desde el espacio noticioso a personas víctimas y acusadas de delitos, sometiéndolas al denominado tribunal paralelo o mediático, esa intervención deliberada de la comunicación política donde confluyen intereses ilegítimos de la comunicación institucional de seguridad y justicia, el periodismo policial y judicial, y la industria noticiosa, buscando fijar en el público una “realidad” inducida. Observa Felipe Pena de Oliveira (2006: 230):

La reflexión crítica sobre el periodismo no es que sea pertinente, es imprescindible. Necesitamos entender nuestros problemas, buscar caminos, encontrar soluciones. Necesitamos conocer los motivos de la desconfianza creciente del público. Necesitamos analizar nuestros prejuicios y estereotipos. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones como profesionales de la prensa, incentivando la investigación científica y participando de ella.

Ésa es la idea: frente a la nota roja y el infoentretenimiento, proponemos la problematización y el entendimiento, la asunción de responsabilidad y la exigencia ciudadana de enfoques y prácticas comunicacionales y periodísticas con base en normas profesionales autorregulatorias, delimitadas por el respeto a la dignidad humana.

Desde el surgimiento del periodismo de nota roja ―que aún hoy en el gremio periodístico suele nombrarse incorrectamente como sinónimo de periodismo policial o judicial―, al desarrollarse la así llamada prensa industrial en el transcurso del siglo xix,1 y hasta ahora, los cambios sociales han producido y se han nutrido de paradigmas filosóficos, teóricos, jurídico–penales y periodísticos que sitúan a la persona en el centro de la organización colectiva y la democracia.

Esos paradigmas dan una perspectiva cada vez más amplia, integral y garantista de las relaciones sociales ―contenida hoy, por ejemplo, en el principio pro persona―,2 en especial si las personas se hallan en situación vulnerable, como cuando son víctimas directas o indirectas de un delito o de la violación de sus derechos humanos; detenidas, acusadas, imputadas o sometidas a un procedimiento penal; o condenadas y sancionadas penalmente con la privación de libertad.

No obstante, la nota roja persiste, adquiriendo nuevos aires de actualidad gracias al infoentretenimiento, ese enfoque noticioso que banaliza y “espectaculariza” los hechos sobre seguridad y justicia, abrevando de clichés dramatizantes y efectistas antes propios de los espectáculos, los deportes y otros rubros del soft media.3 Casi inmutables en el tiempo, tales paradigmas de la comunicación institucional, el periodismo y los medios persisten al grado de dominar la atmósfera social.

Hoy, cuando México vive una crisis de violencia, seguridad y justicia que se prolonga ya al menos por un cuarto de siglo, es relevante confrontar —desde la comunicación institucional, el ejercicio del periodismo y el quehacer de los medios noticiosos— esta lógica periodística maquiladora de noticias y sus dañinos efectos sociales, mediante el conocimiento, la comprensión, apropiación y socialización de las perspectivas sociales garantistas.

No es una actitud voluntariosa. De cara ese crítico escenario mexicano cuyo costo humanitario es elevado,4 puede considerarse, tal como lo menciona Manuel López (2004: 114) que uno de los mayores sentidos sociales del periodismo (cívico) y los medios informativos es “acercarse a la gente para que sea ella misma la que busque una solución a sus problemas. Es, en resumen, una vía democrática y periodística de compromiso del medio para con la sociedad. Y para ello abandonará el sistema de trabajo basado en las rutinas, las rondas, las camarillas y los estereotipos”.

Como nunca, lo aquí mencionado sitúa a las y los comunicadores y periodistas ante una disyuntiva profesional con hondas implicaciones democráticas, más allá de sus respectivas ideologías: a) al persistir en la práctica de la nota roja y el infoentretenimiento, favorecen la atmósfera generalizada de polarización, ilegalidad, abuso de poder, violación de derechos humanos, corrupción, impunidad e injusticia; o bien, b) al asumir desde su ejercicio profesional los valores democráticos asentados en el respeto a la dignidad humana y armonizarlos con la libertad de expresión, propician la observancia de los derechos humanos, la justicia y la paz sociales ―lo cual pasa, sin duda, por la obligada función crítica del periodismo, que denuncia para visibilizar a aquellos protagonistas y factores estructurales que violentan el orden democrático.

Tal disyuntiva está latente y afrontarla es particularmente difícil cuando flota en el entorno gubernamental, mediático corporativo y social el discurso de que los derechos humanos pueden conspirar contra la seguridad, la justicia y la paz social, y hasta que son relativamente negociables o sacrificables si así se consigue que estas últimas mejoren.

El objetivo de este Informe sobre Tribunales paralelos y la exhibición mediática de las personas es el de ofrecer un punto de partida, una plataforma teórica, legal y ética, pero también motivacional, que permita al público comprender la relevancia social ―positiva o negativa― de los medios noticiosos, y a las y los comunicadores y periodistas asumir con conocimiento de causa el vibrante desafío de actualizar la comunicación institucional y el periodismo de acuerdo con las necesidades democráticas de la sociedad mexicana.

En el caso de las y los comunicadores institucionales se expone adicionalmente el vasto marco normativo vinculante, insistiendo en que su condición de servidores públicos les impone como obligación el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como actuar contra quienes los violan.5


[1] Para la historia del periodismo policial y judicial, véase Lara y Barata (2009).

[2] Que hoy prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en su artículo 1⁰, al establecer que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales […] favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

[3] Soft media, lo mismo que soft news, alude, en general, a medios, formatos o contenidos de entretenimiento.

[4] Véase el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) Región Centro aporta, por ejemplo, uno de los más valiosos y completos acervos cuantitativos y cualitativos acerca del impacto humano, político, cultural y económico de la política pública contra las sustancias ilícitas en México. Recuperado de: https://goo.gl/7cFmTG

[5] “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, mandata el artículo 10 de la Constitución mexicana.

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* Texto extraido del Preámbulo del Informe. 

Manual para la defensa de víctimas de tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes

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Manual para la defensa de víctimas de tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes, Andrés Marcelo Díaz Fernández, Gabriela Ortiz Quintero, Pamela Susana Velázquez Zambrano, Simón Hernández León, IJPP/fundar, Centro de Análisis e Investigación/MacArthur Foundation, México, 2018

ManualDesde la primera década del siglo XXI México atraviesa por la que es considerada una crisis grave de derechos humanos. Su magnitud ha provocado que diversas entidades internacionales alcancen un consenso en cuanto al diagnóstico y caracterizar la situación del país como crítica, con problemáticas de larga data que convergen con nuevas y diversas formas de afectación a tales derechos. Para organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta crisis se centra en violaciones graves como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincide, refiriendo que la tortura y la desaparición forzada son las problemáticas más urgentes.

La prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación existe desde 1948, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se reiteró al adoptarse en 1984 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por 156 países.

Además de violaciones a derechos humanos, los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) son considerados crímenes dentro del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su prohibición tiene rango de norma de ius cogens,  lo cual significa que es un derecho absoluto. Asimismo, en determinadas circunstancias esos actos pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio.

Si bien ningún Estado puede torturar o permitir la tortura o los malos tratos en ningún caso ni bajo justificación alguna, y a pesar de los esfuerzos para su proscripción, estos persisten: durante los últimos cinco años, por ejemplo, Amnistía Internacional ha monitoreado casos de tortura en 141 países.

En 2015, durante la visita in loco de la CIDH a México, la Procuraduría General de la República le informó que hasta abril de aquel año tenía en curso 2,420 investigaciones sobre tortura, mientras que había solo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó haber recibido más de 10,200 quejas por detención arbitraria y más de 9,200 por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2006 y 2015. Antes, en su visita a México de 2014 y su informe de seguimiento de 2016, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, manifestó que tales prácticas eran generalizadas.

REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL

El 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional de justicia penal y seguridad pública, a partir del decreto que modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del 73; la fracción VII del 115, y la XIII del apartado B del artículo 123 constitucionales, además de once artículos transitorios. 

Esta reforma estableció en México el sistema acusatorio, basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y donde la oralidad es un componente fundamental para dar mayor claridad y velocidad al desarrollo de las audiencias. 

Un punto clave de esta reforma penal fue la incorporación de los derechos humanos como eje rector del proceso, y en particular de la presunción de inocencia. Se protegieron también el derecho a un juicio imparcial y transparente, y las medidas cautelares para la persona imputada no se limitaron a la privativa de la libertad; se previó agilizar las investigaciones, buscar para la persona víctima, prioritariamente, la reparación del daño, y mayor control judicial de las detenciones, los medios probatorios y la ejecución penal.

Como consecuencia, en 2014 fue promulgado el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos principales enfoques son la protección de la persona víctima y sus derechos –señaladamente, la reparación del daño–, lo mismo que los de la imputada –como el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, y su acceso a los servicios previos al juicio.

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*El Texto pertenece a la primera parte del Manual 

Manual para la defensa de víctimas de delitos o violaciones a normas internacionales de derechos humanos

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Manual para la defensa de víctimas de delitos o violaciones a normas internacionales de derechos humanos, 
Simón Hernández León, Pamela Susana Velázquez Zambrano, Mariano Sebastián Gaitán, IJPP/MacArthur Foundation, México, 2017 

ijppmLa expresión “derechos de las víctimas” está muy presente en nuestra sociedad. En general, situaciones límite de violencia, conflicto armado, migración, discriminación, desigualdad social y pobreza generan empatía hacia personas y colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Existe la sensación generalizada de que los derechos de las personas víctimas no se respetan y el Estado no hace lo suficiente para proteger y asistir a quienes padecen las consecuencias del delito o la violación de derechos humanos. 

Los medios informativos contribuyen a afianzar esta percepción al difundir cotidianamente homicidios, secuestros, violaciones y otros crímenes impactantes, relatando con detalle el sufrimiento y desamparo de las víctimas. Funcionarios de gobierno y políticos de diversas orientaciones también se refieren con frecuencia al dolor que viven y prometen reformas para protegerlas. Grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil se movilizan en defensa de sus derechos y reclaman medidas para hacerlos efectivos. A su vez, personas que no han sido victimizadas se conmueven y temen que eso mismo les ocurra, sintiendo empatía hacia ellas.

Por fortuna, este renovado interés por los derechos de las víctimas ha mantenido en la agenda pública un problema ignorado por mucho tiempo. Sin embargo, aún hay muchas dificultades para traducir demandas y promesas en acciones específicas que mejoren su situación.

Un aspecto que dificulta la defensa de las víctimas es la poca certeza sobre cuáles son sus derechos. Los medios informativos, los políticos e incluso algunas víctimas aluden a ellos de modo vago, no hay consenso sobre su significado y la confusión aumenta al haber dos conceptos similares pero diferenciados: el de “víctima de delito” y “víctima de violaciones a normas internacionales de derechos humanos”, que son utilizados indistintamente, sin considerar sus especificidades. Medios y políticos suelen referirlos en un sentido cargado de emotividad más que jurídico —invocarlos es permite captar la atención de la audiencia o la simpatía del electorado—. Pero el mayor riesgo de esta confusión es que las medidas y reformas adoptadas en su nombre no siempre están orientadas a protegerlos. 

En México, desde la conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un grupo de la sociedad civil reducido, pero con gran influencia, así como de ciertos actores públicos, reivindica a las “víctimas de delito” en detrimento de las que padecen violaciones a derechos humanos. Reduciendo la grave problemática que plantea la actual política de seguridad y su militarización, relativiza indebidamente el impacto y volumen de estas últimas bajo el argumento de que muchas de ellas participaban de actividades delictivas, descalificándolas, y que su atención relega a las víctimas del delito.

De esta forma, no obstante el creciente reconocimiento y empatía social hacia el universo de las personas consideradas víctimas, las de violaciones a derechos humanos —particularmente aquellas relacionadas con agentes de seguridad nacional, incluidas las fuerzas armadas en el contexto del combate a la delincuencia organizada— han sido estigmatizadas y calificadas sin más como delincuentes, sin importar que muchas fueran detenidas, torturadas y hasta desaparecidas, y no tuvieran relación alguna con el crimen organizado.

Habitualmente, las políticas de aumento indiscriminado de penas, restricción de garantías judiciales y represión violenta del delito agravan la situación de las personas acusadas y de algunos grupos sociales, en tanto que no mejoran la de las víctimas. No propician mayor acceso a la justicia, un trato más humano y digno, mejores medidas de protección y asistencia, ni la reparación más completa del daño producido. Tampoco contribuyen a disminuir los niveles de violencia social ni prevenir los delitos. En cambio, generan atropellos a los derechos fundamentales, aumento de la violencia del Estado y patrones de generalización de la impunidad.

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 *El texto publicado pertenece a la Presentación del Manual

Jueces. Guía de conducción de audiencias preliminares*

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Jueces. Guía de conducción de audiencias preliminares,
Carlos Enrique Núñez Núñez y Gabriela Ortiz Quintero, IJPP/MacArthur Foundation, México, 2016.

 

Esta guía de conducción de audiencias inicial e intermedia para el sistema penal acusatorio con perspectiva de derechos humanos y lenguaje democrático, pretende apoyar la labor de los y las juezas —primordialmente—, así como a otros profesionales de dicho sistema en México. Se creó a partir de sus necesidades y experiencias, con miras a enfrentar los retos que surgen de la operación cotidiana.

Con ella buscamos que los y las juezas visualicen de forma sencilla los mecanismos con los que cuentan para garantizar los derechos humanos en el marco de los principios del proceso acusatorio y oral, y conocer las mejores prácticas que hemos recogido de la observación de audiencias en diversas entidades federativas, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Les ofrecemos aquí información práctica sobre cómo hacerlo, además de una compilación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aparte de jurisprudencia y tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aporten elementos para su importante función.

Esperamos que esta herramienta sea un primer acercamiento sencillo y práctico para quienes están interesados en el funcionamiento del sistema penal acusatorio mexicano desde la perspectiva de quien juzga.

Descarga la versión digital de la Guía

*El texto publicado pertence a la introducción de esta guía

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