Layda Negrete

Rodrigo fue víctima de un asalto a mano armada en el Estado de México. Fue un viernes, no era santo, pero igual le tocó su viacrucis. Aquí la crónica de su suplicio:

Alejandro Peláez

Hace dos años la Alcaldía Mayor de Bogotá comenzó el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que, a grandes rasgos, busca que los jóvenes que cometen un delito por primera vez, en vez de recibir una sanción legal, que puede incluir privación de la libertad, se vinculen a un proceso de justicia restaurativa. El programa tiene tres objetivos fundamentales: que acepten la responsabilidad de sus actos, que repararen a la víctima de forma directa, con gestos simbólicos o mediante algún tipo de trabajo a favor de la comunidad, y que, terminado el proceso, sean capaces de reinsertarse a la comunidad como miembros activos y responsables de sus actos.

El Juez 8° de distrito Fernando Silva García emitió una sentencia en la que consideró que una comisión de derechos humanos SI puede incurrir en acciones que revicti- mizan y criminalizan a una víctima. Adicionalmente determinó 3 estándares que deben mantener a fin de evitar esta falta.

Como demostrado por un reciente estudio [1] comisionado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), ¿Funciona la prevención de la tortura?, el acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de custodia, junto con otras salvaguardias clave, es una de las medidas más efectivas en prevenir la tortura y los malos tratos. El tener acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de la detención promueve una cultura de transparencia alrededor de la privación de libertad, alentando a las autoridades a respetar la dignidad humana de la persona detenida. Las y los abogados desempeñan también un rol fundamental en garantizar que las personas detenidas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos efectivamente.