José Ramón Cossío Díaz

En junio de 2008 se reformó la Constitución para establecer el entonces llamado nuevo sistema de justicia penal. Se pretendió que los juicios fueran orales y acusatorios. Era previsible que lo hasta entonces vivido, habría de transformarse. Los ministerios públicos deberían estar en igualdad con los abogados de la defensa. Las investigaciones preliminares serían vigiladas por un juez distinto al que sentenciaría el caso. Todos los elementos de la decisión final tendrían que desahogarse en una sola audiencia, verbal y pública. Para ajustar los cambios, se abrió un espacio de ocho años. En ese lapso se reformó la Constitución para darle mayor protección a los derechos humanos. Lo que habría de acontecer en el país en materia de procesos penales, se haría de manera distinta para satisfacer amplios y novedosos estándares internacionales y nacionales.

#JusticiaSinPretextos es un colectivo de organizaciones de sociedad civil, personas expertas, pertenecientes a instituciones académicas, abogadas y abogados que hemos impulsado cambios sustantivos en nuestro sistema de justicia desde distintos enfoques: reforma procesal penal, anticorrupción, derechos humanos, procuración de justicia, presunción de inocencia, reforma policial, defensa de los derechos de las víctimas y sistema penitenciario.

26 de Junio, 2017 (Ginebra/DC/Viena/ Ámsterdam) - Hoy, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, conmemoramos y honramos a las víctimas y sobrevivientes de la tortura. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos y juntas con nuestros aliados y aliadas alrededor del mundo para combatir la tortura en todos sus aspectos y lugares. Al mismo tiempo, seguimos vigilantes ante la amenaza de tortura y malos tratos, y conscientes del hecho que la tortura puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona.

Ciudad de México, 22 de junio de 2017.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el pasado lunes 19 de junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales^[1].