Instituto de Justicia Procesal Penal - Noticias 2018

Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.

Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, se halla desaparecido desde el 23 de enero pasado [2018], según denunció públicamente su familia al medio digital Animal Político. De acuerdo con esta versión, corroborada por nuestro Instituto con su padre, el señor Marco Antonio Sánchez Chávez, la desaparición ocurrió después de que dos agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ciudad de México, detuvieran arbitrariamente al adolescente en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús, lo golpearan y se lo llevaran a bordo de una patrulla.

César Martínez

Cd. de México (22 enero 2018).- El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha aprobado ningún instrumento internacional sobre derechos humanos o reconocido sus facultades, lo que no ocurría desde el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964).

Ginebra, 16 de enero de 2018.- La entrada en vigor hoy en México de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas, dijo un grupo de expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas.

Coletta A. Youngers

En diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó formalmente su trascendental Informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América, el cual resalta el papel que cumplen las políticas punitivas sobre drogas para alimentar el hacinamiento en las prisiones, con consecuencias particularmente devastadoras para las mujeres. El informe de la CIDH exhorta a que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública y no como un tema penal, y recomienda descriminalizar la posesión de drogas para consumo personal. Asimismo, el estudio plantea serias inquietudes respecto a programas de tratamiento del consumo de drogas bajo supervisión judicial, comúnmente conocidos como tribunales de drogas. El informe brinda una plétora de recomendaciones para alinear las políticas sobre drogas con las normas regionales e internacionales de derechos humanos.