Instituto de Justicia Procesal Penal - Noticias

En México, la mayoría de las personas a las que la/el juez impone una medida cautelar en libertad, las cumple. ¿Te sorprende? 

Si no sabemos quiénes están en la cárcel y sus necesidades, ¿cómo vamos a poder diseñar políticas públicas para prevenir el delito y mejorar la seguridad del país? ¿Cómo vamos a diseñar programas que favorezcan la reinserción social y prevengan la reincidencia? Es necesario que el Estado cuente con esta información, precisamente, porque está relacionada con la política de prevención y seguridad del país.

Juan E. Méndez

México vive una grave crisis de seguridad por la incidencia del crimen organizado y sus actos de violencia. México también vive una crisis de derechos humanos por las políticas erradas que desde hace años se implementan para combatir a las organizaciones delincuenciales. El advenimiento de un nuevo gobierno alienta la esperanza de que se implementen medidas que, a la vez que respeten y aseguren los derechos humanos de todas las personas, sean también más ecaces contra el crimen organizado. Sin embargo, al menos en este tema el nuevo gobierno viene dando pasos en falso. Ahora, el Congreso, con auspicio del Ejecutivo, se encuentra en un debate que se apresta a modicar la Constitución para ampliar los delitos para los cuales se aplicará la prisión preventiva automática (“ociosa”) de los indiciados.

La Prisión Automática genera ineficiencia y simula justicia por ello solicitamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo abrir espacios de diálogo para buscar soluciones reales.