Viernes, 26 Abril 2019

El silencio y el encierro. Una reflexión sobre el derecho al voto de las personas en prisión*

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Janine M. Otálora Malassis y Juan Luis Hernández Macías

En 1996, Carlos Santiago Nino publicó La Constitución de la democracia deliberativa. [1]En esta obra, a diferencia de sus libros más famosos dedicados estrictamente a la filosofía del derecho, Nino se ocupa de unas de las discusiones clásicas del derecho constitucional: la tensión entre democracia y constitucionalismo. A lo largo de la obra, Nino construye una teoría epistémica de la democracia a partir de la cual concluye que las decisiones tomadas desde la regla de la mayoría tienen un valor intrínseco superior a otras tomadas desde otro modelo decisivo. Para el filósofo argentino, en una sociedad donde el valor de la igualdad sea tomado en serio, siempre existirán las condiciones para que todas las personas tomen sus propias decisiones.

¿Qué papel juegan los jueces en este proceso político de toma de decisiones? La función judicial implica un cierto grado de aislamiento, soledad y silencio. Los jueces no discuten en el calor de las manifestaciones populares y no suben a la palestra a pedir que sus propuestas sean aclamadas. Hasta cierto punto, la justicia no entra en la dinámica de las decisiones mayoritarias. ¿Con qué objeto entonces hemos delegado una enorme cantidad de dilemas valorativos y morales en la rama judicial, sobre todo si tomamos en serio el autogobierno y la autonomía como valores que consideran a las personas como fines en sí mismas capaces de decidir sin intervenciones ajenas?

Para Nino, la respuesta es muy clara: la intervención judicial en las decisiones que corresponden a la democracia sólo se justifica cuando ésta ha perdido ese valor intrínseco superior. Los jueces están ahí para mejorar la deliberación pública, para asegurar que todas las personas, incluso las más débiles, tengan una voz en ese proceso político. Si algunas voces están silenciadas en las decisiones públicas, la idea de democracia se vuelve ilusoria. En una democracia deliberativa, esas voces por más minoritarias y carentes de eco, deberían ser vencidas en el ágora pública. Si esta precondición no está asegurada, la justicia constitucional se encuentra facultada y obligada a intervenir el proceso en aras de su perfeccionamiento.

El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa.

Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto. A su juicio, la restricción para votar en la que se encontraban era desproporcional, pues se les privó de un derecho antes de que el Estado pudiera probar su culpabilidad.

La mayoría de los integrantes de la Sala Superior consideraron que, efectivamente, esta restricción al voto violaba su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Esto, pues si bien las personas que se encuentren cumpliendo con una pena de prisión a partir de una sentencia condenatoria se encuentran suspendidas en el ejercicio de sus derechos políticos, esto no es así cuando las personas se encuentran en prisión preventiva en espera del veredicto que los releve del enjuiciamiento penal. La diferencia es suficiente: la pena impuesta justifica el trato diferenciado.

Este fue, en síntesis, el argumento toral en el que coincidió la mayoría de la Sala Superior. Sin embargo, quisiéramos plantear algunas reflexiones jurídicas y extrajurídicas respecto de las implicaciones que este caso tendrá en la manera de entender el derecho al voto cuando quienes lo ejercen son personas privadas de su libertad.

Un gran acierto fue la perspectiva desde la que se abordó esta decisión. La Sala Superior partió de una visión estructural y sustantiva de la igualdad. Esta visión, contrario a las perspectivas formales o individualistas, considera relevante la situación de cada persona como integrante de un grupo sistemáticamente excluido.[2] A partir de esta idea, se consideró que la población carcelaria de nuestro país es un grupo en situación de vulnerabilidad que históricamente ha resentido una merma en sus derechos más básicos.

En una publicación reciente, Miguel Sarre y Gerardo Manrique concluyeron que si bien las personas privadas de libertad condenadas y en prisión preventiva se encuentran en encierro por causas diferentes, en los hechos la aflicción y vulnerabilidad que sufren es la misma. [3] Incluso, valdría la pena considerar que las personas sin sentencia están siendo castigadas en los hechos cuando en teoría no son culpables.

Además, es necesario que consideremos que las personas en prisión sufren una estigmatización que los considera seres anormales, inferiores, malvados, peligrosos o simplemente desviados. Estos estigmas hacen que definamos a las personas en prisión a partir de sus rasgos de distorsión y a anular el resto de sus atributos.

Con esto, nos parece claro que las personas privadas de su libertad no viven una situación fácil y a esto debe sumarse el hecho de que su participación en la sociedad ha sido nulificada. No hemos logrado generar canales para escuchar lo que las personas en prisión tienen que decir. El hecho de que se encuentren bajo la potestad penal del Estado no implica que se deba convalidar esta situación precaria de insatisfacción de necesidades básicas.

Por estas razones, las personas en prisión preventiva deben tener garantizado su derecho a participar de los asuntos públicos. Un estado que abrace la democracia como forma de gobierno no puede permitirse el aislamiento y la insolación de voces valiosas, menos si estas voces se encuentran en angustia.

Las personas en prisión tienen mucho que aportar a la elección de los poderes representativos. El poder ejecutivo designa a quienes habrán de dirigir y diseñar las instituciones de reinserción social. El legislativo tipifica las conductas que merecen sanción penal, sanciona leyes de ejecución y prevé sanciones administrativas para las autoridades penitenciarias que abusan de su poder. Esto supone la posibilidad de que las personas privadas de su libertad no tengan ninguna participación en el proceso político en el que estas autoridades son electas mediante el voto popular. Nos cuesta trabajo pensar que las personas en prisión no tengan nada qué decir sobre las autoridades con las que conviven a diario.

Así, con base en estos argumentos, la mayoría de la Sala Superior decidió ordenar al Instituto Nacional Electoral que pusiera en marcha un programa de prueba con miras a la elección federal de 2024, el cual se pondrá en marcha en grupos focalizados para detectar posibles errores y generar aprendizaje a partir de la experiencia. Para esta decisión, se consideró que la implementación en un plazo demasiado inmediato podría traer problemas en la generación de un padrón electoral correctamente depurado o en la coordinación con los centros penitenciarios.

Sin embargo, consideramos que estas dificultades no pueden ser razón suficiente para privar a las personas de un derecho fundamental. La experiencia comparada nos demuestra que hay varios métodos exitosos para que las personas puedan ejercer su voto desde prisión. Un ejemplo, entre muchos otros, es el caso estadounidense, donde se ha implementado el voto postal en prisión (absentee ballot), [4] la instalación de casillas en centros penitenciarios o incluso el traslado de las personas hacia las casillas.

No obstante, la sentencia de la Sala Superior, en un ejercicio dialógico en cuanto a sus efectos, dejó abierto el espectro de interpretación para que sea el Instituto Nacional Electoral, como el órgano técnico y constitucionalmente facultado para organizar las elecciones en nuestro país, para que a partir de su experiencia comparativa diseñe el mejor modelo posible para garantizar el voto a las personas en prisión. Este tipo de procesos no serían ajenos para el INE, pues la experiencia adquirida en el voto postal de los mexicanos y mexicanas en el extranjero podría ser un modelo apto para su replica en el caso concreto.

Además, un fenómeno interesante sería el comienzo de procesos dialógicos en el cumplimiento de las sentencias de derechos políticos. [5] Esto podría darse en el caso de que la Sala Superior deba supervisar el procedimiento de ejecución que lleve a cabo el INE. Esto podría enriquecer el modelo si consideramos que ambas autoridades electorales pueden identificar, de acuerdo con su especialización, diversos aspectos en la implementación del programa de prueba.

Como conclusión, debemos tener presente que cualquier forma de discriminación que pueda afectar la participación de las personas en los asuntos públicos o en la selección de sus representantes populares resta legitimidad al gobierno representativo. Ningún derecho es más precioso en un país libre y democrático que el de tener una voz valiosa en una elección en la que habrá de definirse quienes dirigirán la política pública y la creación de leyes bajo las cuales vive una sociedad. Todos los derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si el derecho al voto no se encuentra garantizado.

Por ahora, podemos celebrar esta decisión de la Sala Superior. Visto desde la perspectiva de la justicia constitucional, podemos contar con un caso exitoso en el que un tribunal intervino para mejorar el proceso deliberativo que caracteriza a la democracia. Sin embargo, la identificación de los problemas que aíslan a las minorías de los procesos políticos debe ser una operación cotidiana para las autoridades electorales de nuestro país. La democracia, difícilmente, dejará de ser una tarea pendiente.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Juan Luis Hernández Macías. Secretario de apoyo en la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis.


 [1] Nino, Carlos Santiago, La Constitución de la democracia deliberativa, trad. de Roberto Saba, Barcelona: Gedisa, 1997.

[2] Véase, Saba, Roberto, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella (coords.), El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Lexis Nexis – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2007, pp. 163-197.

[3] Sarre, Miguel y Manrique, Gerardo, Sistema de Justicia de Ejecución Penal, México, Tirant lo Blanch, 2018.

[4] McDonald v. Board of Election Commissioners. 394 U.S. 802 (1969).

[5] Sobre este tema podríamos voltear hacia la justicia latinoamericana en casos de violaciones estructurales de derechos, como en Colombia o Argentina. Véase, Rodríguez Garavito, César, “El activismo dialógico y el impacto de los fallos sobre derechos sociales”, en Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2014, pp. 211-244.

* Publicado en eljuegodelacorte.nexos.com.mx [abril 26, 2019]

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144 comentarios

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