Miércoles, 03 Abril 2019

Acceso a un/a abogado/a durante las primeras horas de custodia en México. Un análisis situacional*

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Como demostrado por un reciente estudio [1] comisionado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), ¿Funciona la prevención de la tortura?, el acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de custodia, junto con otras salvaguardias clave, es una de las medidas más efectivas en prevenir la tortura y los malos tratos. El tener acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de la detención promueve una cultura de transparencia alrededor de la privación de libertad, alentando a las autoridades a respetar la dignidad humana de la persona detenida. Las y los abogados desempeñan también un rol fundamental en garantizar que las personas detenidas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos efectivamente.

En la última década, México ha tenido una serie de reformas dirigidas a incorporar estándares internacionales y ampliar el marco de garantías de protección de las personas detenidas durante los primeros momentos de custodia. Estas reformas han permitido transitar de un sistema de justicia penal de tipo inquisitivo a uno acusatorio y adversarial, establecer una serie de salvaguardias para prevenir la tortura y los malos tratos, incluyendo el derecho a contar con un/a abogado/a desde el momento de la detención, y la reconfiguración del diseño normativo e institucional de las Defensorías Públicas.

A pesar de estas reformas positivas, hay todavía una profunda brecha entre el andamiaje normativo y la realidad, al existir deficiencias y obstáculos en la implementación de estas salvaguardias clave en los primeros momentos de la detención, como confirmado por varios organismos internacionales y nacionales. Con respecto al derecho de acceso a un/a abogado/a en estos momentos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), [2] sólo el 19.8% de las personas detenidas tuvo contacto con su abogado/a – no siempre de manera inmediata – y sólo en el 28.8% de los casos la persona detenida rindió su declaración con su abogado/a presente.

El presente análisis busca identificar esos obstáculos y zonas grises en la implementación del derecho de acceso a un/a abogado/a en las primeras horas de custodia en México, con la finalidad de generar rutas para contribuir a reducir la brecha que existe entre la ley y la práctica. El análisis se enfoca en las primeras horas de custodia y, en particular, en las detenciones en flagrancia, es decir, desde que una persona es detenida por la policía y el Ministerio Público, hasta que es llevada ante el/la juez/a. Se analiza, en particular, la implementación del derecho de acceso a un/a abogado/a en la Ciudad de México y en los estados de Nuevo León y Oaxaca. La metodología utilizada para el análisis incluye revisión documental, cuestionarios y entrevistas a actores e instituciones clave, así como intercambio de experiencias entre actores provenientes de distintos sectores.

Las conclusiones que se desprenden del presente análisis confirman que, a menudo, las personas detenidas son sometidas a diferentes formas de maltrato durante las fases iniciales de detención y arresto y durante el traslado a lugares de custodia, antes de comparecer ante un/a juez/a.

También se confirma que el acceso a un/a abogado/a desde el primer momento de la detención no está garantizado en la práctica, a pesar de estar establecido en la legislación nacional. Cuando este derecho se garantiza, el acceso de la persona detenida a un/a abogado/a suele realizarse solo hasta que la persona se encuentra ante el Ministerio Público, es decir varias horas después de haberse realizado la detención por parte de las fuerzas de policía. Aún así, el acceso a un/a abogado/a en el Ministerio Público no se realiza de manera inmediata, sino hasta el momento de la declaración ante las y los fiscales – o poco tiempo antes. Además, en la mayoría de los casos, no se cuenta con instalaciones adecuadas que aseguren la comunicación entre la persona detenida y el/ la abogado/a en condiciones de privacidad y confidencialidad.

Debido a que la ley mexicana establece que el traslado al Ministerio Público luego de la detención policial debe ser inmediato, el acceso a un/a abogado/a generalmente se considera necesario y viable solo en la etapa de la detención por el Ministerio Público. Sin embargo, en la práctica, el requisito de «inmediatez» no se define con precisión, es decir que no se definen plazos máximos para el traslado, lo que genera una brecha significativa entre la custodia policial y el traslado al Ministerio Público, sin acceso a un/a abogado/a.

Al no definir plazos claros, la ley deja un margen de discrecionalidad con respecto a la actuación de las y los agentes policiales, lo cual se traduce, en la práctica, en retrasos en el traslado al Ministerio Público. Durante este periodo, que puede durar hasta 15 horas o, en algunos casos, incluso más, las personas detenidas generalmente no cuentan con medios para poderse comunicar con sus familiares o allegados/as, ni con un/a abogado/a y, por ende, corren un alto riesgo de sufrir tortura y malos tratos. También se presentan traslados a lugares distintos antes de la puesta a disposición ante el Ministerio Público, por ejemplo, cuarteles o estaciones de policía, generando retrasos adicionales en el acceso a un/a abogado/a.

Otro obstáculo identificado en la práctica está relacionado con la capacidad de las Defensorías Públicas. Estas suelen ser el primer canal de acceso a las personas detenidas, sobre todo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y con pocos recursos económicos. Sin embargo, a menudo no pueden brindar la atención adecuada, por su sobrecarga de trabajo, sus escasos recursos financieros y humanos, y la notificación tardía de parte de las autoridades.

Partiendo de los hallazgos del análisis, se han identificado las siguientes rutas de acción para mejorar el acceso de las personas detenidas a un/a abogado/a desde los primeros momentos de custodia:

Fortalecer la cooperación interinstitucional, principalmente entre las instituciones de seguridad pública, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, así como la autoridad judicial y las comisiones de derechos humanos, mediante convenios institucionales enfocados en asegurar la notificación y acceso tempranos a un/a abogado/a desde el momento de la detención.

Reducir los tiempos de traslado y retrasos de parte de las instituciones de seguridad pública, así como los retrasos en el acceso material a un/a abogado/a una vez en el Ministerio Público. En este sentido, se deberían eliminar los pasos intermedios, es decir el traslado de la persona detenida por la policía a otros lugares de detención antes del Ministerio Público, tales como estaciones policiales.

Definir procedimientos claros para las instituciones de seguridad pública y el Ministerio Público, a fin de estandarizar sus prácticas, así como facilitar mecanismos que puedan asistir a las autoridades en asegurar el cumplimiento del requisito legal de inmediatez en la puesta a disposición y en el acceso a un/a abogado/a.

Potenciar el rol preventivo de las y los abogados: asegurando que tengan los recursos necesarios para realizar sus labores de manera efectiva; introduciendo sistemas de turnos que aseguren la intervención inmediata en los primeros momentos de la detención; elaborando procedimientos claros para prevenir y tratar casos de tortura y malos tratos, incluyendo en ausencia de quejas por parte de las personas detenidas o sus familiares; y tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad.

Asegurar la comunicación efectiva del derecho de acceso a un/a abogado/a por parte de las y los agentes de la policía y del Ministerio Público, así como las modalidades para ejercer este derecho, tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas indígenas y las personas con discapacidad.

Reforzar los mecanismos de supervisión independientes, para que puedan monitorear de manera efectiva la conducta de las y los agentes de la policía y del Ministerio Público y el goce efectivo de del derecho de acceso a un/a abogado/a. 

Este análisis ha sido elaborado como parte de un proyecto que se enmarca en el trabajo global desarrollado por la APT, con el fin de reducir los riesgos de tortura y malos tratos a través de la implementación efectiva de las salvaguardias en las primeras horas de custodia.

* Texto extraído del Resumen Ejecutivo del Documento

Consulta y descarga el Documento AQUÍ

[1] Richard Carver y Lisa Handley, Does Torture Prevention Work?, Liverpool University Press, 2016.

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL 2016, México, p. 23, 25 y 26.

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3170 comentarios

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