Miércoles, 24 Octubre 2018

Caso Duarte: ciudadanía vs. opacidad y corrupción*

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Estefanía Medina y Adriana Greaves

En últimas fechas la figura del proceso abreviado ha estado en el ojo de huracán, con motivo de la sentencia impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, el pasado 26 de septiembre.  En la que se sentenció a 9 años de prisión y el decomiso de 40 bienes. Lo cual, desde luego, ha generado la profunda indignación de los mexicanos.

Es importante tener en cuenta, dos puntos relevantes: i) que el proceso abreviado es una figura sumamente eficaz que es utilizado frecuentemente en todos los sistemas penales acusatorio y ii) que su aplicación se basa en una cuestión de estrategia y de control de política criminal por lo cual, constitucionalmente solo el Ministerio Público (MP) puede pedir su aplicación y la pena que en el caso se impondría.1

La forma en la que operativamente funciona el abreviado, es bien conocido por quienes están en el litigio acusatorio, consiste en que esta salida distinta al juicio debe ser propuesta por el MP cuando este cuenta con evidencia suficiente para condenar en caso de ir a juicio, es decir, cuando prácticamente tiene “los pelos de la burra en la mano”. Esto funciona así porque es en esencia una negociación. El MP ya sabe que cuenta con evidencia necesaria para sustentar la culpabilidad del imputado y al acusado le consta, así que, por un principio de racionalización de recursos, básicamente se ofrece al acusado una reducción de la pena a cambio de admitir su participación y así evitarle al Estado la fatiga y el desgaste institucional de ir a un juicio.

Para que esta negociación del Estado con el imputado sea efectiva, tendría que en principio contarse con: (1) toda la evidencia que podría llevar a una condena, ya que de lo contrario no existiría incentivo para el imputado, pues ninguna defensa “en su sano juicio” aceptaría una pena negociada respecto de un caso que puede ganar ante un tribunal, y (2) que el caso carezca de importancia en términos de política criminal. Esto, si bien es una regla no escrita, si forma parte del principio de oportunidad en el que se basa el sistema penal. Principio que tiene como objeto que, en los casos representativos, como lo es el caso Duarte, se busque, además de sancionar al culpable, mandar un mensaje de justicia.  Para lo cual, estos casos de trascendencia en política criminal deben ser llevados a un tribunal de juicio e incluso solicitar la aplicación de las penas máximas con el fin de que la sentencia tenga a su vez un mensaje de disuasión y de no impunidad ante la sociedad.

Desafortunadamente, y pese a todos los beneficios que el proceso abreviado aporta al sistema de justicia penal, desde organización TOJIL hemos identificado como una práctica recurrente no generalizada, pero si muy común, que esta facultad del MP, tanto de poder solicitar el proceso, como de determinar la pena que se va a imponer sin que el juez pueda modificarla, se ha convertido en una práctica que generar un gran espacio de corrupción. Es decir, lejos de utilizarse como una práctica de control de política criminal, los servidores públicos han hecho negocio solicitando beneficios a cambio de solicitar esta forma de terminación anticipada, contemplando penas prácticamente irrisorias, sin que el juez o las víctimas puedan hacer algo al respecto.

En este contexto, y aterrizando el tema al caso Duarte, surgen entonces dos grandes preguntas medulares: ¿Por qué la procuraduría, actuando en contra de toda esta lógica, ofreció el procedimiento abreviado al estandarte de casos graves de corrupción? En ese sentido, si el tema fuera de falta de evidencia para ir a juicio: ¿Por qué una defensa hubiera aceptado un abreviado si no había evidencia sólida y, en consecuencia, sentía que podía ganar un juicio? Efectivamente, ninguna de estas teorías hace sentido.

Por ello, y derivado de las posibles irregularidades o acuerdos corruptos que pudieran generarse durante esta sentencia, la organización TOJIL —con el respaldo de REINSERTA, Elementa México, Instituto de Justicia Procesal Penal y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa— interpuso el pasado 1º de octubre una denuncia para que se investiguen los posibles actos de corrupción o irregularidades durante la investigación y la propuesta del proceso abreviado al ex gobernador Javier Duarte, con lo cual la Visitaduría General de la PGR dió inicio a una investigación por el delito de cohecho y contra la administración de justicia.

Sin embargo, el tema más interesante, más allá de la mera denuncia de probables hechos de corrupción, es que organización TOJIL solicitó que en este caso se le otorgará el carácter de víctima en términos de la Ley General de Víctimas.2 Dicha ley prevé la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil puedan ser víctimas en representación de intereses colectivos de la sociedad. Ésta es desde luego una calidad de víctima especial que no persigue un resarcimiento particular para la organización, sino que plantea fungir como contraparte durante la investigación y durante el proceso penal, a fin de evitar una nueva historia de impunidad en un caso de tal magnitud.

Lo anterior como respuesta a una urgente necesidad por parte de la sociedad a que se administre justicia en los infames casos de corrupción. Como sabemos, por regla general, los actos de corrupción, pese a atentar en contra de todos los mexicanos en detrimento del patrimonio público, la eficiente administración publica y de otros bienes indirectamente como son el acceso a la salud, alimentación y vivienda, no cuentan con una víctima inidentificable e individual que pueda hacer un real contra peso tanto para el MP, como paras las defensas.  Lo anterior genera que la mayoría de los casos penales se queden en una completa impunidad, sin que nadie tenga conocimiento de cómo se esta investigando y los resultados que en su caso se estén generando en protección de los derechos de la ciudadanía.

Como muestra de ello, en el Sexto Informe de Gobierno no se hace ninguna referencia a los procedimientos seguidos por la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia (donde actualmente se investigan los delitos relacionados con la corrupción); sin embargo, en datos del Quinto Informe, se reportó que durante del periodo del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, dicha Unidad  inició 265 carpetas de investigación, pero no se reportó que se hubiera judicializado ninguna de estas investigaciones.3

Por su parte en el Sexto Informe la Visitaduría General de la PGR (área encargada de la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR) dio a conocer que durante el periodo de 2017-2018 se iniciaron 373 Carpetas de Investigación, determinándose en el mismo lapso 346, pero como resultado sólo existió un procedimiento abreviado con dos sentencias condenatorias.4

Ante estos pobres resultados en materia de combate a la corrupción, es que la organización TOJIL solicita tener este carácter de víctima a fin de poder colaborar de manera activa con la investigación, incluso solicitando y verificando que se realicen actos en particular, revisar y transparentar el análisis de lo que realmente ocurrió durante el caso Duarte. Lo cual, generaría un gran precedente a nivel nacional relativo a una real participación ciudadana el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Sin embargo, ante esta petición la Visitaduría General consideró que la organización sólo tiene el carácter de denunciante y no de víctima colectiva, aduciendo en esencia que los posibles actos de corrupción que se pudieran haber cometido en el caso Duarte no le generan una afectación directa a la organización, pasando desapercibido que la organización manifestó que esto se hace en carácter de representante de un derecho colectivo, tal como el derecho humano de la sociedad a vivir en un ambiente libre de corrupción.

En ese sentido organización TOJIL llevará este debate a una arena más imparcial y jurídica a fin de continuar esta lucha por el reconocimiento de víctima para el combate a la corrupción en todas las instancias judiciales que sea necesario. Ante esto será muy importante conocer cual será la faceta que tendremos en el nuevo gobierno: si dejarán ayudar a la sociedad civil ante la grave crisis que el país enfrenta en materia de corrupción o perpetuaran la opacidad e impunidad que impera en México.

Estefanía Medina y Adriana Greaves. Directoras de la asociación civil Tojil. Twitter: @TojilAJ


1 Artículo 20, Apartado A, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;”

2 Quinto párrafo del artículo 4° de la Ley General de Víctimas “Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.”

3 Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, Gobierno de la República.

4 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, Gobierno de la República.

*Publicado en eljuegodelacorte.nexos.com.mx [octubre 23, 2018]

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