Lunes, 22 Octubre 2018

MANIFIESTO: #FiscalíaQueSirva Guanajuato

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La crisis de seguridad pública e impunidad en nuestro estado es innegable y el deshonroso primer lugar nacional en homicidios dolosos de los meses pasados, el botón de muestra más claro y alarmante. La impunidad mata.

El incremento de la violencia es reflejo de una deficiente procuración de justicia y lejos de existir señales que pudieran indicar algún cambio profundo desde los órganos políticos del estado, la ratificación de altos funcionarios de justicia por parte del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y la eventual creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son una preocupación mayor ante la crisis que se agudiza.

La reforma constitucional al sistema de procuración de justicia, que el Congreso del estado llevó a cabo el año pasado, es un obstáculo para el surgimiento de una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político, una #FiscalíaQueSirva.

Esa reforma copió los vicios de la reforma a la Constitución Federal de 2014 que estableció el pase automático del titular de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República hasta por 9 años. Se trató de lo que la sociedad civil denominó en su momento, el intento de imposición de un Fiscal Carnal, designado por el titular del poder ejecutivo, para que se diera un cambio sin que nada cambiara de verdad. Siglas y no instituciones.

Pero la sociedad civil cerró el paso al Fiscal Carnal. Cuando el Senado ratificó fast track a Raúl Cervantes, se exigió una reforma profunda al artículo 102 de la Constitución que incluyera la eliminación del pase automático, contemplado en el artículo décimo sexto transitorio de la Reforma de 2014. Incluso, en septiembre del año pasado, legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, impidieron la instalación de la Cámara de Diputados hasta que el PRI aceptó eliminar el pase automático, lo cual se concretó hasta el pasado mes de agosto. En la campaña presidencial, el PAN se asumió como el principal impulsor de ese cambio y una y otra vez insistió en la creación de una Fiscalía autónoma y en no más fiscales carnales. Ese fue un punto fundamental de la plataforma electoral del partido que en nuestro estado resultó triunfador el pasado 1o de julio.

En contraste, mientras todo eso sucedía a nivel federal, el Congreso del estado aprobó la reforma al artículo 95 de la constitución, en julio del año pasado, e incluyó la cláusula del pase automático del Procurador a la Fiscalía General del Estado, y también por 9 años. Por si fuera poco, las diputadas y diputados establecieron que la Fiscalía General del Estado naciera 30 días después de que se cumpliera lo establecido en el artículo décimo sexto transitorio de la Constitución Federal (la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la FGR), lo cual, según las intenciones expresadas por MORENA a nivel nacional, sucederá antes del 1o de diciembre.

Con ese texto vigente, nuestro estado estaría a punto de convertir a Carlos Zamarripa quien ya lleva 9 años en el cargo, en el #FiscalCarnal de Guanajuato por 9 años más, al haber sido mantenido en su cargo por el Gobernador Sinhué, sin oposición del Congreso.

Las y los guanajuatenses nos merecemos saber las razones que sostienen a uno de los responsables de la crisis de seguridad y justicia que cada día suma más víctimas.

¿Qué cambio sería uno en el que ni las personas ni las instituciones cambian?

Por todo lo anterior, las más de 50 organizaciones y personas que suscribimos este manifiesto, preocupadas por la grave situación que atraviesa Guanajuato, hemos decidido constituir el Colectivo #FiscalíaQueSirva Guanajuato y Solicitamos al Congreso del Estado lo siguiente:

1. Que llame a comparecer al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que rinda cuentas sobre el estado de la institución que encabeza y de la procuración de justicia en Guanajuato; garantizando principalmente la participación de víctimas y quienes les representan, en la formulación de los cuestionamientos y en formato de Parlamento Abierto.

2. La derogación inmediata del pase automático del Procurador a la Fiscalía General del Estado, establecido en el Artículo Primero transitorio de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 14 de julio de 2017.

3. La Reforma integral al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que como mínimo contemple:

a) La eliminación del pase automático de todo el personal de la Procuraduría a la Fiscalía y se establezca un servicio civil de carrera para los funcionarios de la futura institución.

b) Un método de designación del titular de la Fiscalía transparente que contemple la participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente de poderes fácticos.

c) La obligación de la Fiscalía para elaborar un plan de persecución penal que atienda los fenómenos delictivos en apego a la realidad del estado.

d) La creación de órganos ciudadanos que vigilen el funcionamiento de la Fiscalía.

e) Una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

La procuración de justicia es una función sustancial en una sociedad, sin la cual es imposible la convivencia en paz. Ante la quiebra del Estado de derecho que vivimos en Guanajuato observamos que resulta complejo reformular el diseño de atención a las víctimas de delitos sin una participación ciudadana efectiva. Un modelo de procuración de justicia que haga a un lado el interés y la participación de la sociedad, nos mantendrá en la ruta del fracaso que hemos experimentado hasta ahora. Tenemos una oportunidad histórica para rectificar el camino con el nombramiento de una #FiscalíaQueSirva.

Personas

Alberto Chavarría Millán, Alfredo Lecona, Andrés Treviño Luna, Arnoldo Cuéllar Ornelas, Carlos Alberto Guzmán Mendoza, Chango Pons, David Asael Gutiérrez Vargas, David Ricardo Ibelles Navarro, Denise Dresser, Dora Georgina Serrano Cervera, Edgar Omar Chico Mercado, Eliana García, Emma Aguado López, Esaú González, Fabricio Lorusso, Ixchel Cisneros, Jorge Javier Romero Vadillo, José Manuel Ramos, José Mario de la Garza, José Pablo Girault Ruiz, José Raymundo Sandoval Bautista, Juan Francisco Torres Landa R., José Luis Palacios, José Manuel Ramos Robles, Julián Mejía Berdeja, Karla Estrella Corona Rojas, Kennia Velázquez Carranza, Layda Negrete, Luz Marcela Villalobos Andrade, Luz María del Carmen Muñoz de Cote Gudiño, Maite Azuela, María Guadalupe Meza Lavaniegos, María Isabel Cruz Bernal, Mariana Villalobos, Mayo Meza Trejo, Miguel Sarre, Pablo Andrade Calzada, Pedro Mendiola Anda, Rogelio Padrón, Rosario Patricia Rodríguez R, Sergio Aguayo Quezada, Verónica Espinosa.

Organizaciones y colectivos 

Article 19, Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., Causa en Común, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, , Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. , Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Observatorio Acambarense de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, Observatorio de Designaciones Públicas, Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Renacer Lagunero, Sabuesos Guerreras, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ), con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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