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Lunes, 01 Octubre 2018

El efecto corruptor de la justicia, una y otra vez*

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Marco Lara Klahr

Los casos judiciales mediatizados son el tema central de "Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas", el informe de Artículo 19 que propone un estándar deontológico para la comunicación institucional, los medios informativos y las y los periodistas en el tratamiento noticioso sobre el conflicto penal institucionalizado.

Durante la primera quincena del mes que termina, dos sucesos violentos predominaron en la agenda mediática noticiosa de Ciudad de México.

La tarde del día 7, en Ciudad Universitaria, un grupo de jóvenes agredió a estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban frente a la Rectoría de la UNAM. Si los registros gráficos y la versión de la autoridad universitaria son veraces, el ataque fue premeditado e incluyó petardos y bombas Molotov. Al final, dos jóvenes manifestantes debieron ser hospitalizados al sufrir lesiones de gravedad.

Evitando minimizar o sobredimensionar, comparativamente, la lesividad de ambos hechos, tiene sentido recurrir a un criterio del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2002) para formular la siguiente pregunta: en términos de morbimortalidad, ¿cuál tuvo un mayor costo humano? La respuesta es obvia.

Ahora, comparativamente también, ¿la gravedad entre la agresión y la masacre citadas se refleja de forma equitativa en el nivel de cobertura noticiosa?

Desde luego, sustentar rigurosamente una respuesta a esta última interrogante implicaría hacer un recuento preciso no solo del número de piezas periodísticas, sino de su jerarquización y el alcance temporal de su publicación. Pero un dato empírico válido lo arroja una búsqueda genérica vía Google: en cualquier combinación lógica de palabras ―incluyendo los clichés de la nota roja, como «ejecución», «sicarios» y «porros»―, siempre los hechos de Ciudad Universitaria cuando menos duplican en volumen a los contenidos noticiosos sobre lo ocurrido en la Plaza Garibaldi.

Ahora bien, cualitativamente, ambos sucesos tienen, ahí sí, uniformidad elocuente:

1) El discurso institucional ―que abarca al de la Rectoría―, a través de comunicados, conferencias de prensa, declaraciones y filtraciones, recurrió al enfoque maniqueo de buenos contra malos, lo cual el discurso mediático noticioso, sumiso como casi siempre a este enfoque, reprodujo;

2) la profusión de imágenes filtradas por las instituciones implicadas fue tomada como veraz por la mayoría de los medios, sin mínima verificación;

3) se impuso, una vez más, la criminalización automática de personas; en el primer caso, la Rectoría recurrió a las mismas lógicas de comunicación política de las instituciones del sistema de justicia penal, especialmente en cuanto al tribunal paralelo; en el segundo, la Procuraduría General de Justicia local terminó y sigue criminalizando a las víctimas, ensañándose con las dos mujeres, cuyo principal delito habría sido el de ser parejas de quienes, según su versión, lo eran: de delincuentes ―dando pie a la inferencia de que hay delitos morales que pueden costarle la vida, merecidamente, a quien los comete;

4) las autoridades difundieron datos personales identificando a personas supuestamente implicadas, violando sus derechos humanos, lo cual fue reproducido acríticamente por la mayoría de los medios ―incluida información referente a personas adolescentes;

5) al final, además de las afectaciones a las personas sometidas a la exhibición mediática, el derecho a la información de todas y todos perdió, y entonces tal vez nunca se sabrá lo sucedido y quiénes son las y los autores materiales e intelectuales, que por esto mismo quedarían en la impunidad.

Ya en su sentencia al Amparo directo en revisión 517/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de la ciudadana francesa Florence Cassez considerando que el montaje del gobierno federal para enjuiciarla mediáticamente permeó el proceso en su totalidad, produciendo un «efecto corruptor» de la justicia.

Este es el tema central de Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas, el informe publicado a principios de la semana por Artículo 19, con especial atención en el Caso Narvarte, y que se fundamenta en normas y sentencias internacionales y nacionales, a las vez que propone un estándar deontológico para la comunicación institucional, los medios informativos y las y los periodistas en el tratamiento noticioso sobre el conflicto penal institucionalizado ―«8. Modelo de regulación y autorregulación comunicacional y periodística con perspectiva de legalidad y derechos humanos».

Como advierte desde el principio tal informe, «Sin pretender respuestas tajantes, los casos judiciales mediatizados que se revisan a lo largo de estas páginas, situándolos en el adecuado contexto del Estado democrático, la legalidad y los derechos humanos, aportarán útiles pistas respecto hacia dónde avanzar en la construcción de un periodismo y una comunicación institucional socialmente responsables, que aporten a la calidad de vida de la comunidad mediante información veraz, oportuna, contextual, integral y honesta, así como comunicadores o periodistas que, desde la posición profesional humanista, sean agentes de cambio en la búsqueda de lograr una sociedad más justa» (p. 7).

* Publicado en animalpolitico.com [septiembre 30, 2018]

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