Lunes, 26 Marzo 2018

Castigo por adelantado*

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María Elena Cantú

 Cd. de México (24 marzo 2018).- México tiene el caso más escandaloso en el mundo de prisión preventiva y en las próximas semanas tendrá que dar cuenta de ello.

"Que responda ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. ¿Por qué después de 16 años de mantener a dos personas sujetas a proceso, sin pruebas, no se dio la alternativa para seguir el proceso en libertad?", cuestiona Simón Hernández León, abogado de la defensa del caso Daniel García y Reyes Alpízar.

 En 2002 ellos fueron consignados por su presunta participación en un homicidio y les fue impuesta la prisión preventiva oficiosa.

La justificación del Estado es que ejercen su derecho a la defensa, pero eso se debe a que "están siendo víctimas de violaciones reiteradas al debido proceso", explica el abogado.

Y anota algunos eslabones de esta cadena de más de tres lustros: 5 años llevó la revisión de la formal prisión; 11 años en desahogo de pruebas; testigos que no se presentan; 10 años para que les enviaran un desglose de la averiguación previa en la que "se acredita que fueron víctimas de tortura".

"Es inconcebible", afirma.

En los últimos años, la lucha se ha centrado en el ejercicio de un derecho: ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Pero ninguno de los dos intentos fueron escuchados.

"La primera fue en 2016 con un fundamento internacional, nos fue negada; fuimos a una apelación y el Tribunal resolvió en diciembre de 2017, con estándares de derechos humanos muy importantes:

"Le indicó a la jueza que analizara el incidente, que debía recabar pruebas, que la carga de acreditar la necesidad de mantener la prisión preventiva era del MP y que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no tiene restricciones.

"Volvimos al Juzgado Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla y lo negó argumentando que es un delito grave, esto en enero de 2018", detalla Hernández León.

Ante la demora en la resolución, iniciaron el segundo intento en 2017.

"Tiene fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa ocasión la jueza desechó la solicitud sin mayor análisis. Fuimos al juicio de amparo y se falló a nuestro favor para que se aplicara el Código Nacional, pero el pasado 2 de marzo nos lo negaron otra vez".

No obstante, seguirán luchando y llegarán a la Suprema Corte si es necesario, asegura.

El Estado tendrá que explicar en Ginebra ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ¿por qué no atendió su recomendación de disponer la libertad de Daniel y Reyes?

"¿Qué puede decir? En 16 años: los detuve sin orden judicial, los arraigue sin pruebas, no tengo elementos para tenerlos en prisión y teniendo el pronunciamiento de una instancia internacional, insisto en tenerlos en prisión", concluye el abogado.

*Publicado en reforma.com [marzo 24, 2018]

 

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