Jueves, 22 Febrero 2018

COMUNICADO: A un mes de su detención y desaparición, los derechos humanos de Marco Antonio continúan siendo violentados y se dificulta el acceso a la justicia: REDIM, IJPP y ODI

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  • La CIDH solicitó al Estado mexicano los informes sobre el caso y el estado de salud de Marco Antonio.
  • A 25 días de la hospitalización de Marco Antonio Sánchez su familia y el equipo de defensa continúan enfrentando obstáculos para el acceso al expediente médico.
  • Saludamos que este caso paradigmático sea el primero en ser investigado por la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

22 febrero 2018

El pasado 23 de enero de 2018 el adolescente de 17 años Marco Antonio Sánchez Flores fue víctima de una detención arbitraria por parte de policías de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) del Sector Hormiga en la Delegación Azcapotzalco. Las autoridades de la Procuraduría negaron iniciar la investigación por desaparición forzada y obligaron a esperar 48 horas para iniciarla por “extravío” aún con evidencias y testimoniales de haber sido arrestado por los policías. La indignación social se desbordó en las redes sociales y la cobertura en medios de comunicación permitieron recuperar con vida al adolescente. La noche del 27 de enero se volvió a ver en videos del Estado de México en interacción con policías municipales quienes lo presentan ante el Juez Cívico y hasta ser entregado a su padre la noche del 28 de enero.

Desde ese día el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador capitalino negaron la posibilidad de una detención arbitraria y posterior desaparición forzada a manos de la policía de la Ciudad, aún con la exigencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amnistía Internacional y expertos en derechos humanos de cumplir con la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley de Desaparición Forzada).

De esta forma, las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a “un error de protocolo” y “abuso de autoridad”. Además, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y se litigó el caso en medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público; se mantuvo por semanas el hostigamiento a la familia y al principal testigo de los hechos y al equipo de defensa hasta que se logró la protección de la Policía Federal a través de un amparo promovido por la defensa.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PJCDMX) sigue sin investigar e informar qué le sucedió a Marco Antonio los 5 días posteriores a su desaparición en los que no se tiene registro de evidencias, ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico.

Tras 25 días de hospitalización en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) y el Instituto Nacional de Neurología (INN), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (SS), la familia tiene serias restricciones para estar acompañando a Marco, sólo se han ofrecido informes verbales y se le ha mantenido en sujeción a su cama revictimizándolo e ignorando la experiencia vivida en los 5 días que se mantuvo desaparecido. Nuevamente con un mandato federal a través del juicio de amparo, se obligó a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente.

Expresamos nuestra preocupación porque los derechos humanos de Marco Antonio Sánchez Flores continúan siendo violentados, se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente. Sin un cambio de voluntad política desde el Jefe de Gobierno, el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública será imposible garantizar la justicia e integridad de esta adolescente víctima de la policía de la Ciudad de México.

La Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitino, Relatora de país y de derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dialogó con la familia del adolescente y solicitó al Estado mexicano información oficial sobre la investigación, especialmente sobre su situación de salud y la protección a su integridad. El 20 de febrero venció el plazo para el envío de la información a la CIDH por parte de la Cancillería y la actualización de las organizaciones que lo defendemos. Será en breve que este organismo internacional anuncié las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada.

Saludamos el anuncio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se informó que el caso de Marco Antonio será el primero que investigue la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México. Exigimos una investigación independiente de la carpeta de investigación de la PGJCDMX que se encuentra llena de inconsistencias, con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales de derechos humanos como OACNUDH, Amnistía Internacional y la CIDH.

Lo más importante en este momento es la salud de Maco Antonio Sánchez Flores, por ello, a iniciativa de la defensa y con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para un tratamiento que reduzca los posibles daños en este adolescente. Bajo criterios de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos esperamos tener pronto certeza sobre su salud y alternativas de atención.

Reconocemos a las y los periodistas y a sus medios de comunicación que aún frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser revictimizado; llamamos a todos los medios de comunicación a actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica.

#JusticiaParaMarcoAntonio

REDIM, Red por los derechos de la Infancia en México

ODI, Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancia

IJPP,Instituto para la Justicia Procesal Penal

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