Jueves, 08 Febrero 2018

Caso Chihuahua: el traslado de Alejandro Gutiérrez

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Miguel Sarre1

No se ha justificado la facultad de autoridades administrativas para decidir sobre el traslado de Antonio Gutiérrez, persona procesada en la capital de Chihuahua, a una prisión de Ciudad Juárez, como tampoco se han justificado las razones de fondo para llevarlo a cabo. Ello es necesario para que esta cláusula del inusual pacto entre el gobernador Javier Corral y el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tenga la juridicidad invocada.

Desde 2012, la Suprema Corte mexicana ha reivindicado que las decisiones respecto del lugar donde las personas hayan de cumplir su pena (y con mayor razón la prisión provisional) son de naturaleza penal y no administrativa, por lo que corresponde a los jueces del orden penal (en su caso, los jueces especializados en la ejecución penal), decidir al respecto.

Lo anterior significa que la ubicación de las personas en un determinado lugar es una cuestión de justicia, no de administración, ni menos de política. Está sujeta a principios y reglas sustraídos al ámbito de lo decidible en negociaciones de cualquier tipo.

La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que fue promulgada y entró en vigor en junio de 2016, regula los traslados intercarcelarios y establece la regla general en el sentido que el lugar donde las personas vinculadas a proceso han de permanecer internas es una decisión judicial ex ante, que solo admite excepción en casos urgentes (Artículo 52 LNEP. “Supuestos de excepción al traslado voluntario”).

Los supuestos de urgencia, como lo dice el enunciado del precepto citado, se plantean cuando la persona se opone a ser reubicada. Al margen de que no es el caso, tales excepciones solo se justifican ante a la necesidad de proteger la integridad de la persona detenida, así como la seguridad y gobernabilidad de los centros.

No parece existir esa necesidad y mucho menos el apremio en operar el traslado sin autorización judicial previa. Desde hace ya varios días (Reforma, 30 de enero de 2018, p. 4) se difundió la intención del gobierno estatal para acceder a dicho movimiento a petición del presidente Peña Nieto, ante lo cual autoridades dependientes del gobernador Javier Corral invocaron el citado artículo 52, incluyendo argumentos caducos como el carácter “contaminante” de la persona procesada.

Sabemos que el traslado urgente puede ser examinado judicialmente ex post. Sin embargo, se pasa por encima de los jueces y juezas de Chihuahua cuando, sin razón, se presentan hechos consumados, a sabiendas que revertir un traslado puede llevar meses. Parece olvidarse que las autoridades administradoras de los centros de reclusión, tienen el carácter de auxiliares de la justicia. La división de poderes y el federalismo; ambos, son instrumentos para la democracia y la protección de los derechos fundamentales.

El asunto cobra mayor relevancia, puesto que la persona está en prisión preventiva que, como sabemos, se justifica como resultado de una ponderación entre la presunción de inocencia y la necesidad de hacer justicia. De ahí que si la persona es vinculada a proceso lo lógico es que permanezca detenida en el lugar donde se producirán las pruebas; tendría que haber muy buenas razones (que no conozco), para separar urgentemente a quien se imputa un delito, de su juez y sustraerla del lugar en que se lleva su proceso o para, de plano, llevarse el proceso a otro lado (Artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En el primer caso, los jueces amanecen con la sorpresa de que el interno ya no está ahí; en el segundo, con que también habrán de entregar la causa y la carpeta de ejecución penal.

No basta con que la persona presa consienta su traslado, puesto que los bienes jurídicos que están en juego no se limitan a ella, sino que afectan el curso de la justicia y repercuten en los derechos políticos y tributarios de la población.

El panorama se torna más complejo si se advierte el riesgo de nulidades por la violación al principio procesal de la inmediación al probarse que la distancia impuesta entre el justiciable y su juez no obedece a una causa o justificación constitucional y legalmente admisible. Aquí ya no sólo se afecta a un Poder dentro del Estado, sino a la sociedad en general que, ante la impunidad, ve mermada sus esperanzas de justicia penal. Alejandro Gutiérrez podrá aducir que el dictamen mismo producido por las autoridades penitenciarias estatales lo colocó en riesgo y que accedió al traslado para salvar su integridad a costa de su acceso a la justicia.

El hecho sería suficientemente grave, si la persona fuese trasladada a un centro de reclusión bajo la administración del mismo gobierno estatal; sin embargo, no es así, se le pondría bajo una autoridad que está en la órbita de los funcionarios federales, lo que en este contexto tiene enormes implicaciones.

Es cierto que en Chihuahua el gobierno de Javier Corral heredó una estructura jurídica donde la autoridad que custodia a los presos es la misma que la que investiga las conductas criminales, ya que las prisiones dependen de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la forma de corregir esta aberración no es cambiar a los presos estatales a recintos federales, pues tendrían que trasladar a todos, sino reformar las leyes locales para separar ambas funciones; favorecer los mecanismos de observación ciudadana independiente en las prisiones previsto en la LNEP, y permitir el control judicial efectivo sobre las autoridades administrativas.

1 Profesor del ITAM. Miembro del consejo de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por siglas en inglés). Ciudad de México, 6 de febrero de 2018.

*Publicado originalmente en @miguelsarre

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