Se trata de un probable caso de desaparición forzada, que exhibe una vez más la cadena de abusos de poder, arbitrariedades, complicidades y burocratismo de las instituciones policiales y ministeriales en México. No solo por el proceder claramente violatorio de los derechos humanos de los oficiales mencionados, sino por la inacción de sus superiores jerárquicos, como el comandante Gerardo Olvera, y la negativa de la Agencia del Ministerio Público número 40 y la licenciada de dicha agencia Sara del Pilar Gómez Martínez, para recibir la denuncia formal e iniciar la investigación.
Esta misma noche, mediante la intervención de nuestro Instituto, los padres de Marco Antonio promovieron un “juicio de amparo indirecto contra la desaparición forzada de adolescente” ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México.
Tras relatar lo sucedido y ofrecer sólidos elementos probatorios que incluyen el testimonio de un testigo presencial y una fotografía sobre los hechos, en el escrito respectivo solicitaron «la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para el efecto de que cese la desaparición forzada, se presente de manera inmediata al quejoso y se tomen las medidas pertinentes para ello», con base en el artículo 15 de la Ley de Amparo y los principios del artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Como autoridades responsables, se señala a los propios agentes policiales mencionados; al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; al agente del Ministerio Público número 40 y la licenciada Gómez Martínez; y al comandante de la Policía Gerardo Olvera.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta julio de 2017 había 32,277 personas registradas como desaparecidas en la última década, lo que refleja claramente la situación generalizada de impunidad e incompetencia del sistema de justicia penal.
No permitamos que este caso sea un número más. Hoy, que tenemos al fin un marco normativo especializado, exigimos la actuación inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para el esclarecimiento de los hechos y la localización y presentación inmediatas de Marco Antonio, y al Poder Judicial Federal tramitar con celeridad el amparo y tomar las medidas urgentes solicitadas.
También expresamos nuestros inquebrantables solidaridad y compromiso con su familia.
Responsables de la publicación: Eunice Leyva García y Simón Hernández León; contáctelos vía: 5513934954 y 5543811129, de la Ciudad de México.
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