Lunes, 31 Julio 2017

La batalla por el Nuevo Sistema de Justicia Penal*

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Echarle la culpa de la violencia en México al Nuevo Sistema de Justicia Penal es como querer hacer responsable de quienes mueren de una enfermedad prolongada al hospital recién inaugurado.

Jaime Arellano

 En junio de 2016 concluyó la etapa de “implementación” del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en México. Es decir, formalmente se produjo el cambio desde el antiguo sistema inquisitivo a un nuevo sistema acusatorio. Se trató de un paso importante que demostró voluntad política de avanzar hacia el mejoramiento de un área a todas luces deficitaria. De ahí que hizo sentido conmemorar ese hito un año después, en junio pasado.

Pero en junio de 2016 también se dio inicio a una etapa aún más compleja que la que se cerraba: la verdadera “instalación” del nuevo sistema de justicia penal. Instalar verdaderamente la nueva justicia penal mexicana significa que la “cultura” y “mentalidad” inquisitivas sean realmente sustituidas por una cultura y mentalidad acusatoria. Esta transformación debe producirse al menos entre las autoridades políticas y los operadores del sistema, e idealmente en la opinión pública. No se trata sólo de decirlo, se trata de pensar y actuar en consecuencia.

Esta confrontación de culturas y mentalidades está ocurriendo en este mismo instante, y se nota. La vieja cultura inquisitiva se enfrenta y resiste la llegada de la nueva cultura, mentalidad y sistema de justicia penal acusatorio.

La negativa y crítica al nuevo sistema proviene, en primer término, de quienes siempre se opusieron al cambio, lo hayan declarado públicamente o se hayan guardado su opinión para mejor momento. Los sectores conservadores del viejo orden mexicano no han disimulado su intención de bloquear el cambio y volver atrás. Esta visión antigua, y a ratos falaz, se manifiesta por ejemplo queriendo hacer responsable de la violencia y la criminalidad en México al nuevo sistema de justicia penal.

Echarle la culpa de la violencia en México al Nuevo Sistema de Justicia Penal es como querer hacer responsable de quienes mueren de una enfermedad prolongada al hospital recién inaugurado. Las fuentes y causas se encuentran mucho antes en el tiempo, mucho antes de que se estableciera el nuevo sistema. A ratos da la impresión que se hubiera encontrado en el nuevo sistema la excusa fácil, para justificar la ineptitud en el trabajo de prevención del crimen y la violencia.

El control de la violencia y la criminalidad no corresponde inicialmente a los sistemas de justicia penal, más bien corresponde a los gobiernos y a la política de prevención y seguridad pública. La justicia penal puede y debe contribuir a la prevención, es cierto, pero su foco es posterior. La justicia penal siempre llegará tarde: cuando el crimen ya ocurrió, cuando las políticas de prevención y seguridad no fueron eficaces.

Pero la disputa entre vieja y nueva cultura también se está dando en las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y en los propios operadores. Muchas instituciones del sistema de justicia penal, tanto en el nivel federal, como de las entidades federativas, no han terminado de “instalar” el sistema acusatorio en su organización. Se requiere continuar las transformaciones organizacionales para que se adapten de verdad a las tareas que corresponden a una nueva judicatura, una nueva fiscalía, una nueva policía y una nueva defensa. Igualmente urgente es continuar y profundizar la capacitación de jueces, fiscales, policías y defensores, mejorando sus destrezas y estrategias, para desempeñar sus roles de modo efectivo y eficiente.

Especialmente importante es que la PGR y las PGJ redoblen esfuerzos para contar con capacidad instalada para el análisis del fenómeno delictual. Esto luego debe traducirse en una persecución penal inteligente, estratégica, que les dé éxito en perseguir, obtener condena y desbaratar las organizaciones criminales, en vez de desgastarse en la persecución de hechos delictivos aislados.

El uso eficiente de los recursos siempre escasos y el éxito en la persecución de la criminalidad compleja, con respuestas rápidas y adecuadas a la violencia, debe ser siempre objetivo. Más importante aún, que haya certeza de que los delitos más graves serán castigados, sin impunidad, dentro de un proceso rodeado de garantías, que buscan la solución más adecuada y legitiman el castigo. Esa es la señal que el sistema debe dar a la delincuencia y la seguridad que debe otorgar a las víctimas y a la ciudadanía en general.

En la experiencia del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, luego del primer tiempo de funcionamiento de cualquier nuevo sistema de justicia penal, se produce una tendencia a hacer balances públicos más bien intuitivos y sin mucha información empírica. Estos análisis, como el que está ocurriendo en México -muchas veces errados, sin sustento y a ratos falaces- llevan a afirmar con vehemencia resultados desoladores o alentadores, según quien opina. En este contexto, aparecen actores políticos presentando proyectos de ley para “corregir” defectos del sistema. Se hace desde slogans y frases hechas, atractivas desde lo comunicacional, que no reflejan las verdaderas dificultades cuando las hay y, consecuentemente, promueven modificaciones normativas que no son la solución tampoco.

Las propuestas suelen representar la vuelta atrás en cuanto a los principios que inspiraron la reforma: transparencia, publicidad, debido proceso, presunción de inocencia. Y por otra parte, no se hacen cargo de lo que requiere ajustarse para el efectivo y eficiente funcionamiento de la nueva justicia penal: el cambio en la organización, en la estrategia y sobre todo en las prácticas.

Ajustarse al nuevo escenario, identificando primero qué debe mejorar en las prácticas y estrategias, es el llamado a quienes operan en el sistema. Dar respuestas certeras en los tiempos breves que el nuevo sistema permite, y hacerlo bajo los nuevos estándares para dar transparencia y legitimidad al nuevo sistema de justicia penal mexicano, es el esfuerzo de cambio que corresponde hacer a quienes apuestan por esta nueva justicia penal.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano recién se está instalando. Por supuesto requerirá de ajustes que permitan mejorar su funcionamiento. Pero necesita el compromiso de todos los actores públicos y privados para conservarlo en su esencia y promover cambios sobre la base de un debate serio, fundado y documentado. Para ganar con inteligencia y estrategia en los resultados, sin sacrificar las garantías que conquistaron todas las mexicanas y mexicanos con la nueva justicia.

Jaime Arellano es Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA (@CEJAMERICAS).

*Publicado en animalpolitico.com [julio 25, 2017]

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Modificado por última vez en Lunes, 11 Septiembre 2017 10:27