Jueves, 01 Junio 2017

#COMUNICADO: Urge que gobierno de Puebla atienda autogobierno, corrupción y violación de DDHH en centros de reinserción social

Valora este artículo
(1 Voto)

31.05.17

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES HACEMOS UN LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE ATIENDA LA GRAVE PROBLEMÁTICA DE AUTOGOBIERNO, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS AL INTERIOR DE ALGUNOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ESTE ESTADO

De acuerdo con la información generada por distintos medios de comunicación, se sabe que el día sábado 27 de mayo por la tarde, Rocío S. ingresó al Centro de Reinserción Social de Puebla, conocido como CERESO de San Miguel para visitar a su pareja, quien se encuentra privado de la libertad por el delito de homicidio calificado. Durante esta visita realizada en la explanada, en los espacios que denominan “las casitas” (lugares improvisados para tener visitas íntimas), Rocío S. fue apuñalada y privada de la vida por su propia pareja.

Desafortunadamente, con este feminicidio suman 43 casos en el estado de Puebla en lo transcurrido de este año. Por lo que, ante estos hechos tan lamentables, además de la propia responsabilidad de la pareja, tal como lo advierte el artículo 19 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la seguridad, integridad y vida de Rocío S. como “visitante” no fueron garantizados en el marco de la Custodia Penitenciaria.

En diversos momentos, algunos medios de comunicación locales han revelado la utilización de “las casitas” en este Centro Penitenciario, como espacios comunes para tener visitas íntimas, lo cual va en contra del artículo 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que corresponde a la Autoridad Penitenciaria “asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima” y “garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación”. A la par, la posesión de un arma punzocortante por parte de una persona privada de la libertad se suma a aspectos negativos de aquellos rubros que ya habían sido señalados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, entre estos: “[el] ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno); actividades ilícitas; cobros (extorsión y sobornos)”.

Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que con base en el artículo 20 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se:

1. Investiguen estos hechos, sancionen a las personas responsables y adopten las medidas urgentes y necesarias para proteger tanto la vida e integridad de la población privada de su libertad, como de la población visitante, adoptando un enfoque de género para garantizar los derechos.

2. Atiendan de forma urgente los señalamientos realizados por la CNDH respecto al autogobierno/-cogobierno, donde las posibles actividades ilícitas como en este caso, lo denota el acceso a armas prohibidas.

3. Revisen y reestructuren todos los aspectos que deben garantizar una estancia digna, toda vez que, conforme a estándares internacionales de derechos humanos, el Estado en su posición especial de garante, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia, es responsable de otorgar condiciones dignas para favorecer la reinserción social y debe salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

4. Analicen y modiquen los protocolos, mecanismos y prácticas que deben proteger y preservar la integridad de cualquier persona al interior de los Centros de Reinserción, a fin de prevenir y evitar cualquier incidente que atente contra el orden, la paz y tranquilidad, sin que esto vaya en detrimento del derecho a la visita en toda su extensión.

En atención al Principio XXIII de los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de la Libertad, es urgente combatir la violencia al interior de los Centros Estatales, Distritales y Municipales mediante la investigación de los hechos de violencia, pero también de la corrupción que los genera, para que de esta forma pueda erradicarse la impunidad y la repetición de hechos similares.

Finalmente, instamos al gobierno del estado de Puebla a reconocer la problemática de feminicidio en la entidad y a tomar medidas de prevención y de atención integral.

ATENTAMENTE

DOCUMENTA, AC

INSTITUTO DE JUSTICIA PROCESAL PENAL

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS IGNACIO ELLACURÍA SJ, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA

MADRES Y HERMANAS DE LA PLAZA LUIS PASTEUR

Descarga el Comunicado en PDF

Consulta también:

Modificado por última vez en Jueves, 01 Junio 2017 12:02