Lunes, 03 Abril 2017

En 2016, evidentes delitos, abusos e impunidad de funcionarios: CNDH*

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un discurso en el que no se anduvo por las ramas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que “el 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México; la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones”.

Así comenzó su informe anual de actividades 2016, frente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos. 

Aunque no dio nombres, siguió: “Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

El ombudsman consideró que por “ineficiencias burocráticas” o por “insolvencia ética” de los servidores públicos, esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que “el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares”.

Primero, ley de tortura y desaparición forzada

En un discurso duro, González Pérez se fue directo contra la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, pues dijo que regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad “no es lo más deseable” ya que no resuelve la violencia en el país.

Por el contrario, dijo que en vez de regular la labor de los militares, se debe promulgar una ley contra la tortura y desaparición.

“Los problemas de inseguridad y justicia deben verse bajo una óptica integral”, ya que “enfoques parciales sólo producirán soluciones parciales que no resolverán los problemas de fondo”, dijo.

Aseguró que la existencia de un marco normativo que regule las tareas de seguridad de las personas que realizan las fuerzas armadas desde hace más 10 años, no implican por sí mismas la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia

Y fue directo: “La participación de fuerzas armadas en actividades vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”.

Según el presidente de la CNDH, dicha Ley requiere un debate amplio con expertos y víctimas que analicen su viabilidad, pues la seguridad de las personas debe de estar a cargo de instituciones civiles.

No obstante, adelantó el camino al decir que las Fuerzas Armadas deben volver a sus funciones propias “cuando las condiciones del país así los permitan”, pero bajo un programa “gradual y verificable”. Su labor en materia de seguridad con la población civil, dijo, “no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea”.

En lugar de regular la labor de los militares, agregó González Perez, el gobierno mexicano debe centrarse en el combate a la corrupción, replantear el sistema penitenciario, dar un carácter preventivo al tema de la seguridad, promulgar una ley contra la tortura y desaparición.

“Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos la sociedad, si con el mismo interés y empeño que con que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsasen los procesos relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU y se elaborase una ley sobre el desplazamiento forzoso interno”, sustuvo.

De acuerdo con el ombudsman, en el 2016 la CNDH emitió 72 recomendaciones a 55 autoridades; cifra que representa 20% más que en 2015. No obstante, reconoció que éstas no siempre inciden en la disminución de las violaciones a derechos humanos.

Y es que, criticó, las recomendaciones de la Comisión no se atienden oportunamente hasta que una instancia internacional lo pide, lo cual genera “silencio, impunidad e indiferencia”.

Entre los presentes en el informe de González Pérez estaban el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República (PGR), Raúl Cervantes; representantes del Congreso de la Unión, de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, del cuerpo diplomático acreditado en México y de organismos internacionales.

“Geografía del dolor”

Luis Raúl González Pérez aseguró que en el 2016 no se garantizó la vigencia de los derechos humanos en varias regiones de México, en parte, por la falta de capacitación y coordinación que debilitan el estado de Derecho y permiten la ineficacia administrativa.

Destacó que la situación de violencia de género, desplazamiento forzado de personas y la aplicación de la justicia por propia mano contribuyen a que se vea como “normal” el secuestro, la extorsión y las desapariciones.

Y agregó que ante la falta de respuesta de las autoridades, familiares de miles de desaparecidos emprendieron por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos y evidenciaron la existencia de fosas clandestinas e irregulares que revelaron una “geografía del dolor”. Incluso, dejó entrever que no son las únicas.

Por ello, el ombdusman pidió al gobierno mexicano atender las denuncias de los familiares de desaparecidos en posibles hallazgos futuros y solicitó que en las fosas ubicadas se realicen trabajos con conocimientos técnicos y especializados.

En cuanto a la situación de niños y adolescentes migrantes hacia Estados Unidos, aseguró que tampoco fue favorable en 2016, pues no existen registros “confiables” para saber si no fueron objeto de abusos, víctimas de trata de personas o captados por organizaciones criminales. Criticó que el problema no se ha visualizado bien y que faltan protocolos para garantizar su integridad y sus derechos.

Al tocar el tema del sistema penitenciario, el presidente de la CNDH aseguró que en 2016 tampoco hubo mejoras sustantivas, ya que el hacinamiento y los obstáculos para reinserción efectiva provocaron “fugas inexplicables y motines” con muertos que evidenciaron la falta de capacidad institucional.

Respecto a la violencia contra la mujer, comentó que en 22 entidades se han iniciado procedimientos de feminicidio por violencia de género y hay municipios de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Morelos donde se activó la alerta de género.

Y fue enfático: El delito de feminicidio aún no se reconoce en todo el país y no hay acciones para revertir la violencia de género cotidiana. Seguido a ello, el funcionario agregó que el sistema de atención a víctimas es “débil” y no funciona para evitar la revictimización.

Al tratar el tema de las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, González Pérez aseguró que éstas siguen siendo ocupaciones de riesgo: tan sólo en 2016 hubo 13 periodistas asesinados.

“Las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos no pueden permanecer impunes, demandamos investigaciones prontas, exhaustivas e integrales”, afirmó.

Peña Nieto reitera necesidad de ley

Ante el duro informe de la CNDH, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la defensa de los derechos humanos obliga a la defensa de la democracia representativa y de sus instituciones.

En su turno, reconoció que uno de los “grandes pendientes” de su gobierno es atender la demanda de las Fuerzas Armadas y avanzar hacia una ley que dé certeza a su actuar en materia de seguridad, “es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos a nuestras instituciones armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos”.

El mandatario federal dijo que su gobierno ha aceptado todas las recomendaciones emitidas por la CNDH “y estamos decididos a avanzar en su cumplimiento” y se dijo con “invariable disposición” para que “podamos seguir haciendo nuestros esfuerzos para que en México prive auténticamente una sociedad de derechos y una sociedad que esté sustentada en el respeto a los valores fundamentales y valores que compartimos, pero esencialmente en una nueva cultura, que ponga por delante la defensa y el respeto a los derechos humanos”.

Peña Nieto afirmó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley “y para que se aplique la ley, México requiere de instituciones fuertes, la impunidad lastima y violenta a la sociedad, erosiona nuestros valores compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos”.

Y añadió que un país sin leyes e instituciones fuertes, “es un país vulnerable, es una nación desprotegida frente al delito y la violencia; de allí la necesidad de que sigamos fortaleciendo las instituciones y nuestro marco jurídico”.

*Publicado en proceso.com.mx [marzo 31, 2017]

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Modificado por última vez en Jueves, 06 Abril 2017 11:03