Viernes, 13 Enero 2017

Llevan a la CIDH asesinato por militares*

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César Martínez

Cd. de México (12 enero 2017).- El homicidio de Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar de Guerrero en 2009 fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que su familia no encontrara justicia en México.

El caso, en el que colaboran las organizaciones guerrerenses Tlachinollan y el Centro Morelos, además del Robert F. Kennedy Human Rights, fue investigado en su inicio por la justicia militar.

Sin embargo, en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se pasara al fuero civil, lo que a la postre impulsó una reforma castrense.

Pese a esto, el militar acusado, Valentín Alejo, fue absuelto en 2014, tras lo cual la defensa interpuso varios recursos legales, el último de los cuales fue rechazado en julio pasado, por lo que el pasado 2 de enero enviaron la petición a la CIDH para que indague el caso.

En junio de 2009, Bonfilio, un indígena nahua, visitó a sus padres en su comunidad de origen: Tlalzala, en la región de La Montaña de Guerrero, para despedirse de ellos, pues se iba a ir a trabajar a Nueva York, Estados Unidos.

El autobús en el que se dirigía a la Ciudad de México fue detenido en un retén del Ejército a la altura de Huamuxtitlán, pero el chofer avanzó antes de tiempo y militares del 93 Batallón de Infantería dispararon indiscriminadamente contra el vehículo, matando a Bonfilio a sus 29 años.

Desde el primer momento, la escena del crimen fue resguardada por el Ejército y las investigaciones corrieron por parte de la justicia militar.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, este caso es una muestra del estado de indefensión en el que se encuentra la población guerrerense ante la presencia militar en la entidad.

"Prevalece este patrón de siempre por parte del Ejército de sembrar evidencias, de encubrir sus actos, de proteger a los perpetradores, y lo peor de todo es usar de manera letal la fuerza", sentenció.

"Vemos cómo el Ejército se erige como una autoridad por encima de las autoridades civiles, controlan a las autoridades, no hay quién les ponga un alto, el Ministerio Público se supedita a lo que decide el Ejército, y eso es lo más grave, porque no hay manera de controlarlos, de que se sometan a nuestro marco legal".

El defensor de derechos humanos Santiago Aguirre, del Centro Prodh, explicó que el militar acusado fue exonerado porque el juez consideró que no estaba plenamente acreditado el delito.

En contraste, en la investigación se determinó que el elemento castrense sí disparó su arma y, según la reconstrucción de hechos, se ubicaba en el lugar preciso para haber matado a Bonfilio.

"Esto muestra la actuación tendenciosa del Poder Judicial de la Federación en casos en los que intervienen elementos del Ejército", consideró Aguirre.

"Lo hemos constatado también en casos como Tlatlaya, donde los jueces federales tienden a valorar la prueba pericial de manera que beneficie a los militares a partir de ponderaciones que no solemos ver en los casos en donde los acusados no son militares".

*Publicado en reforma.com [enero 12, 2017]

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Modificado por última vez en Martes, 02 Mayo 2017 11:48

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