Lunes, 12 Diciembre 2016

Comunicado: sociedad civil exige a Diputados no militarizar al país ni legislar sin discusión la suspensión de garantías

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  • La suspensión de garantías sin verdaderos controles y contrapesos incentiva el uso arbitrario del poder y vulnera a la población civil.
  • La Cámara de diputados debe actuar como garante de nuestra Constitución, como un contrapeso al ejecutivo y al partido en el poder.
  • Pedimos una discusión pública sobre el actual proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional.

El saldo de la Guerra contra las drogas en México es grave. En 10 años hemos acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Peña Nieto es equivocada.

El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente. El sistema adversarial que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura. Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años. La dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.

Las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-.

Dotar de marco jurídico a las Fuerzas Armadas es, sin duda, importante. Las Fuerzas Armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar. Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y por Cesar Camacho (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil.

Cualquier propuesta de regulación del ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Debe además ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.

Está por aprobarse en la cámara de Diputados, la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En situaciones de emergencia, el Estado debe poder actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios. Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir.

El proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.

Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder Judicial son limitados, cuando debieran ser proactivos, de vigilancia extrema y respuesta inmediata ante cualquier posible violación a los derechos humanos. Por la gravedad de la medida –que prevé suspender los derechos y garantías de las y los ciudadanos- deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras. Es grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza.

La ley, además, no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga -y modificación de los alcances-, aún antes de concluir el periodo original. Esto crea incentivos para máximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso.

La experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, normalizando lo que pretendía ser excepcional. No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las Fuerzas Federales. Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción, no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho. Es en un esquema de seguridad humana y de procuración y administración de justicia eficaz, donde se debe legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad que existe en el país.

Pedimos a la Cámara de Diputados que no apruebe de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar y que vulneran los derechos de las y los mexicanos. El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir al país en uno menos democrático y con instituciones civiles más débiles. Los firmantes pugnamos por políticas de seguridad ciudadana, instituciones de procuración y administración de justicia que sirvan, policías capacitadas y un poder legislativo que juegue un papel de contrapeso frente a iniciativas autoritarias y poco democráticas. Señores legisladores, les pedimos que hagan su trabajo con responsabilidad.

Firmantes

Alejandra Rojas Pérez

Alejandro Madrazo Lajous

Ana Aguilar García

Ana Lorena Delgadillo

Ana Pecova

Armando Sánchez Martínez

Carlos Garza Falla

Carlos Silva Forné

Carlos Téllez Rojo

Carolina Pimentel

Catalina Pérez Correa

Christian Uziel García Reyes

Denise Dresser

Diego López Rivera

Edgar Cortez

Eliana García

Elsa Cadena

Enrique Contreras Montiel

Ernesto López Portillo

Federico Novelo

Fernando Belaunzarán

Fernando Ramos

Fernando Ríos Martínez

Froylan Enciso

Gabriela Pérez Noriega

Germán González Dávila

Gustavo Gordillo

Iván García Garate

Jaime Sainz

Javier Gil

Javier Martín Reyes

Javier Treviño

Joaquín Barrios

Jorge Javier Romero

José Guevara

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Julio Ríos

Lisa Sánchez

Luis Ernesto Olvera

Lucía Guijarro

Maite Azuela

María Teresa Troncoso de Venguer

Manuel Vargas Mena

Pablo Girault

Paloma Mora Arjona

Patricia Pensado

Quetzalcóatl G. Fontanot

Ricardo Becerra

Ricardo Espinoza Toledo,

Ricardo Luévano

Rocío Culebro

Rodolfo Vergara

Rollin Kent

Rosa Elena Montes de Oca

Rosaura Cadena

Sebastián de Lara Gomís

Sebastián Guevara Cota

Simón Hernández León

Ximena Suárez

Ximena Andión                 

Organizaciones firmantes

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH)

Equis: Justicia para las Mujeres

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD)

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Servicios y Asesoría para la Paz A. C. (SERAPAZ)

Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)

Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Modificado por última vez en Lunes, 08 Mayo 2017 09:49

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