Lunes, 03 Agosto 2015

Sin defensa no hay justicia. Defensa pública en el sistema de justicia penal acusatorio*

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Alejandro Jiménez y Sara Velázquez

“La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”.

Eduardo Galeano

México es el segundo país más inequitativo de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que la fortuna de un solo mexicano equivale al 6% del PIB, a cerca de 61 millones no les alcanza para vivir dignamente. En este entorno de marcada desigualdad, nos encontramos con un sistema de impartición de justicia penal que captura fundamentalmente a personas pobres y marginalizadas. Aproximadamente dos de cada tres personas internas en centros penitenciarios provienen de hogares con marcadas carencias. Algunas cometieron delitos graves, pero la gran mayoría cumple sentencias por infracciones menores y no pudo tener una defensa adecuada porque simplemente no pudo pagarla.

Solo un gobierno con aspiraciones de construcción de un sistema social justo, sensible a los problemas de las grandes mayorías empobrecidas, es capaz de construir, además de una institución eficaz en la investigación y acusación para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas de delito, una institución encargada de la defensa pública fuerte, autónoma y eficaz que garantice que las clases cultural, social o económicamente más desfavorecidas accedan a un juicio justo y que no sean, criminalizadas simplemente por su condición . Al respecto, Eugenio Raúl Zaffaroni (2002, p. 20) dice:

…puede afirmarse que el indicador del grado de realización del Estado de Derecho en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de la Defensoría Pública en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, si carecen de defensa idónea quienes más la necesitan… el Estado de Derecho sólo podrá considerarse mínimamente respetado cuando la defensa pública -que se ocupa de los menos poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el mismo poder y la misma jerarquía que el ministerio de la acusación.

Las defensorías públicas diseñadas para operar en el sistema penal inquisitivo, reprodujeron sus vicios y errores, operando como instituciones secundarias, altamente burocratizadas, con un presupuesto y capacidades sumamente limitadas, que apenas podían -o pueden- cumplir la función de legitimar y asegurar la marcha de los procesos en donde los derechos humanos e intereses de las personas defendidas quedan siempre en segundo plano.

De las 33 defensorías que existen en el país, sólo seis (incluyendo a la Defensoría Pública Federal) dependen de un consejo de la judicatura; ocho son organismos públicos descentralizados y 19 dependen del poder ejecutivo. Dentro de esta gran mayoría de defensorías que dependen del poder ejecutivo, 12 tienen el grado de dirección, es decir, en el organigrama del gobierno dependen, al menos, de una secretaría de Estado y una subsecretaría; mientras que en cinco entidades federativas son órganos desconcentrados de la consejería jurídica o dependencias similares y únicamente en Jalisco es una subprocuraduría de la Procuraduría Social del Estado.

El grado de autonomía de las defensorías es un aspecto determinante para la efectividad en su desempeño institucional. Si bien es posible que una defensoría que depende del ejecutivo sea más autónoma que otra que es un organismo público descentralizado, la problemática real de las defensorías que dependen del ejecutivo radica en al menos dos dinámicas bastante complejas.

En primer lugar está la inestabilidad transexenal, en donde los esfuerzos realizados en la gestión de presupuesto, infraestructura y capacitación carecen de continuidad cada que se cambia titular del ejecutivo, sobre todo si se alterna partido político; pero además, se enfrenta la constante exigencia de resultados dirigida al ejecutivo, en materia de seguridad y eficacia punitiva –al costo que sea- por parte de los medios de comunicación y ciertos sectores sociales, ante lo que pareciera ser más rentable restringir las capacidades de las defensorías públicas y alentar la negligencia en su función, que fortalecer las capacidades de las procuradurías o fiscalías, es decir, ante los frecuentes reclamos por mayor eficacia en la procuración de justicia, es más fácil solicitarle a un defensor que pierda un asunto que preparar a un fiscal para que lo gane.

Ante esta situación lo deseable es que al menos a nivel estatal, las defensorías no dependan directamente del poder ejecutivo y se procure su autonomía, ya sea desde su ubicación en los consejos de la judicatura o bien su constitución como órganos públicos descentralizados. Evidentemente esto implica también dotarlas de un presupuesto estable y acorde con las funciones que desempeñan.

En julio de 2010 el artículo 17 constitucional fue reformado a fin de establecer claramente la obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal de garantizar la existencia de un servicio de Defensoría Pública de calidad en donde se aseguren:

1.- Las condiciones para un servicio profesional de carrera.

2.- Que las percepciones de los defensores no sean inferiores a las de los agentes del Ministerio Público.

De acuerdo a los hallazgos del Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México convocado por el IMDHD en febrero de 2014, sistematizados en el Diagnóstico y propuestas de rediseño institucional para defensorías públicas existen actualmente prácticas preocupantes en cuanto al cumplimiento de estas exigencias constitucionales y, en general, de los fines de la #ReformaPenalMX en lo que hace al derecho a la defensa, en especial en dos puntos:

1.- No se ha consolidado el servicio profesional de carrera en las defensorías públicas. Tal mecanismo es indispensable para garantizar la estabilidad institucional y avance progresivo en la calidad del servicio y si bien se encuentra formalmente establecido en la mayoría de las legislaciones orgánicas, en la práctica no aplica, pues la selección en las instituciones respectivas opera con un esquema informal de ingreso que permite que las contrataciones se realicen en un marco de arbitrariedad y tráfico de influencias en algunos casos, o bien, por ingreso de profesionistas desesperados por conseguir un empleo en el gobierno, lo que genera que en muchos casos no se estén captando a las personas con más aptitudes o vocación.

2.- La homologación de los salarios con los percibidos por los agentes del Ministerio Público (AMP). A cinco años de la reforma señalada, no se ha concretado en la totalidad de las entidades federativas un criterio de igualdad salarial entre las partes procesales; al contrario, encontramos que algunas procuradurías han optado por catalogar la información sobre los salarios de los AMP como clasificada o bien, por reducir el salario base percibido por los AMP (hasta homologarlo con el de los defensores) y manteniendo el salario anterior con el incremento de los bonos que conforman el salario integrado.

De fondo, parece que realmente hay pocos esfuerzos para el fortalecimiento de las defensorías y de sus integrantes. Los esfuerzos para la implementación del sistema de justicia penal se han centrado en los poderes judiciales y las procuradurías, dejando de lado a las defensorías públicas. Si bien, es de gran trascendencia que las procuradurías incrementen sus capacidades, también es cierto que éstas lo deben hacer frente a contrapesos institucionales reales y no con instituciones destinadas, de origen, a una maliciosa disfuncionalidad.

Para muchos es poco rentable invertir en este servicio público pues lamentablemente cierto sector considera que no debe gastarse dinero en una institución “que defiende delincuentes”. Este sector, sin embargo, pareciera olvidar que cualquiera puede ser acusado injustamente en un país como éste y también que la defensa y el juicio justo son derechos humanos y no simples dádivas. Además, también olvidan que sin defensa adecuada y accesible para todos y todas, cualquier sistema punitivo carece de legitimidad.

* Publicado en reformapenalmx.org [julio 17, 2015]

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Modificado por última vez en Martes, 21 Junio 2016 10:17

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