Miércoles, 25 Marzo 2015

Nuevo sistema penal, anclado a prácticas inquisitivas en medidas cautelares, concluyen durante presentación de Informe

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El Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) mostró parte de los hallazgos del «Informe: Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal» [2015], publicado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, en la mesa «Medidas Cautelares en Chihuahua y Estado de México: impacto de la reforma penal», organizada por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC.

Durante el acto, al que acudieron alrededor de 40 personas de la academia, la sociedad civil e instituciones gubernamentales, se ahondó en las causas que han impedido romper con la lógica del sistema tradicional sobre el uso de medidas cautelares y las consecuencias de esta inercia.

Como se expuso, las conclusiones del Informe advierten que el uso de medidas cautelares distintas a la «prisión preventiva» se encuentran aún lejos del ideal, por lo cual se analizaron los retos inmediatos para incentivarlas y qué aspectos estratégicos deben incluir la ley, la capacitación y la gestión institucional.

María Novoa, directora del proyecto Colectivo Justicia y moderadora de la mesa, señaló por su parte que la reducción del uso de la «prisión preventiva» es uno de los pilares del nuevo modelo de justicia penal.

«[El objetivo de utilizar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva es:] 1) reducir la saturación del sistema penitenciario (hoy más de 40 por ciento de las personas en prisión aún no reciben sentencia), y 2) garantizar el respeto a la presunción de inocencia de los imputados al evitarles la imposición de una sanción adelantada», dijo.

Eduardo Guerrero Durán, director general de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, y Juan Carlos Alarcón Guadarrama, académico y abogado postulante en el Estado de México, advirtieron a su vez que el abuso de la «prisión preventiva» está asociado a la falta de capacitación, pero también a políticas criminales.

Guerrero Durán apuntó que en Chihuahua la falta de información lleva a la sociedad a desconfiar de los procesos seguidos en libertad, a lo que Alarcón Guadarrama añadió que los jueces prefieren validar una «prisión preventiva» antes que ser cuestionados por una posible mala actuación.

El Informe del Observatorio se basa, en parte, en la observación de audiencias. Sobre esto, Ruth Zenteno, coordinadora de investigación de nuestro Instituto, expuso que ciertas características individuales de la persona imputada, la gravedad del delito y la posible pena a imponer son criterios que se utilizan como argumento suficiente para la imposición de la «prisión preventiva», lo que contraviene los estándares de derechos humanos.

Así, «El uso irracional de la 'prisión preventiva' se mantiene en el sistema acusatorio, pues no hemos podido desterrar el argumento de gravedad del delito como elemento determinante en la solicitud e imposición de la medida cautelar», aseveró Ana Aguilar, directora de Proyectos del IJPP.

«El uso excesivo de dicha medida —concluyó― tiene un efecto directo en los sistemas penitenciarios, que a menudo deben lidiar con la sobrepoblación provocada en gran parte por ello. Por lo tanto, debemos mantener en el debate público la oposición a mantener un catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa en el nivel constitucional (y siempre ampliado por los códigos locales y Nacional) pues no cumple con estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente y genera más perjuicios que beneficios al sistema de justicia».

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Modificado por última vez en Viernes, 27 Marzo 2015 12:49

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