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El Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) es una organización mexicana de la sociedad civil experta en derechos humanos del proceso penal. Es el producto del trabajo iniciado en 2004 por el Proyecto Presunción de Inocencia en México, con el patrocinio y la experiencia de Open Society Justice Initative y un grupo de personas especialistas, que juntos proponían la racionalización de la prisión preventiva en México. 

México: Gobierno insiste en ocultar la verdad sobre Ayotzinapa*

“El gobierno federal ha hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal.

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Frente a la devastación de la PGR, #FiscalíaQueSirva*

Durante toda la campaña, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro: él prefiere que el nombramiento del titular de la PGR o la Fiscalía General se haga como hoy está contemplado: el Ejecutivo manda una terna y de ahí el Senado elige.

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A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General).

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Sociedad Civil anuncia iniciativa ciudadana por fiscalía independiente después del proceso electoral

12 de junio de 2018. Hay una grave crisis de impunidad que atraviesa nuestro país. Por ello, las más de 300 organizaciones que integran los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, anunciamos que -después de la elección del 1º de julio- iniciaremos la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que reforme el artículo 102 constitucional y así iniciar la construcción de una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente del poder político.

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JUSTICIA GENERO
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Todo comenzó con la UMECA Morelos

Escuche cómo fue la creación de servicios previos al juicio con la Metodología IJPP, a través del caso de Antonio

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Como en otras facetas de las relaciones y ámbitos sociales, en la Justicia predominan la exclusión y la inequidad de género: si en general aquí los derechos humanos son vulnerados, suelen serlo aún más los de las mujeres.

El IJPP promueve el respeto integral a los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal, a través de sus diversas etapas procesales.

Sus proyectos aportan al fortalecimiento del sistema de justicia penal acusatorio que se implementa en México, proveyendo soluciones normativas e institucionales, y fomentando alianzas estratégicas con especialistas, instituciones, periodistas y medios en favor de iniciativas ciudadanas y de gobierno para que la aplicación de la prisión sin condena se base en los estándares de derechos humanos.

Impulsa la institucionalización de servicios previos al juicio en los sistemas penales para adolescentes en conflicto con la ley penal y de adultos, los cuales permiten a los jueces determinar con certeza la medida cautelar adecuada para cada persona imputada de delito, privilegiando las medidas en libertad con base en la evaluación de riesgos procesales.

Aliado a organizaciones civiles e instituciones educativas, aporta reflexión y debate, investigación, instrumentos teóricos y prácticos, asesoría técnica y legal, capacitación y divulgación de información sobre la prisión previa al juicio, la importancia social de su uso apegado a derecho, y los costos sociales y económicos de su aplicación arbitraria. También, el IJPP promueve la defensa penal adecuada y el acceso a la justicia a través de un lenguaje ciudadano.

Bajo el convencimiento de que los juicios mediáticos causan severo daño a las personas exhibidas ―tanto víctimas como imputadas de delito―, al sistema penal mismo y a la sociedad, imparte talleres y conferencias a periodistas y comunicadores institucionales, fomentando una visión socialmente responsable de la comunicación y el periodismo policial y judicial.

A través de estos y otros esfuerzos de cambio cultural, monitoreo y supervisión ciudadana contribuye con la adecuada y oportuna implementación del sistema de justicia penal acusatorio, además de crear insumos de reflexión y orientación útiles a personas imputadas y sus familias, víctimas del delito, actores del sistema de justicia penal, organizaciones civiles, centros académicos, periodistas y medios informativos.

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